El gobierno del estado está conformando un equipo de investigación que se encargue del manejo de las empresas factureras en Puebla, ante el incremento de esta actividad ilícita en el estado que ha provocado que familias enteras vendan facturas falsas para encubrir desvíos de recursos.
Lo anterior lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta durante su conferencia matutina, al referir que el caso de Florentino Daniel Tavera Ramos, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, es solo la punta del iceberg que vino a destapar una enorme cloaca en el estado, en la que están relacionados el diputado Ignacio Mier y su socio Arturo Rueda, así como el defenestrado auditor Francisco Romero.
La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), a raíz de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero y evasión fiscal, permitió rastrear el traslado de 622.7 millones de pesos a través de al menos 30 empresas creadas en menos de 24 meses por Daniel Tavera, en los estados de Puebla y Tlaxcala.
La denuncia sobre la Operación Angelópolis, dirigida a Gilberto Higuera, tiene fecha del 7 de julio de 2021, con número de oficio 110/231/2021 y está firmada por Santiago Nieto, el anterior titular de la UIF. La carpeta de investigación sigue abierta en la Fiscalía General del Estado.
La llamada Operación Angelópolis inició con el arrendamiento de una camioneta de valores para transportar los 427.1 millones de pesos, que en ese entonces detectó la UIF cuando estaba al frente de la misma Santiago Nieto Castillo.
A la par, el gobierno del estado inició sus propias investigaciones en actos administrativos gubernamentales donde aparecen las empresas constituidas por Tavera Ramos, mediante un “barrido” de manera retroactiva, a partir de este año hasta llegar al ejercicio 2011.
“Y vamos avanzando de lo de hoy hacia atrás, y es un escándalo, es un escándalo, no son las únicas empresas factureras, no, en Puebla hay familias factureras, se dedican a eso, las conozco y sé quiénes son y ya se está investigando, vamos a fondo… ya salió porquería por todos lados”, recriminó Miguel Barbosa.
El mandatario dijo que solicitó una auditoría a la Secretaría de Función Pública del estado, sobre las áreas de gobierno que entregaron contratos a alguna de las empresas que están involucradas en la red de lavado de dinero.
Indicó que el gobierno estatal tiene registro de las operaciones que se hicieron mediante la expedición y cancelación de CFDI´s (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), lo cual será parte de un informe que pronto se hará público, independientemente de que la fiscalía continúe con sus investigaciones.
“Se está formando un equipo de investigación de todo eso, del manejo de las factureras en Puebla. Eso que salió de Tavera es la punta del iceberg, hay muchas familias, qué cochinos se volvieron aquí, porque cuando el que está arriba se corrompe, todo lo de abajo se corrompe también”, lamentó Barbosa Huerta.
La fiscalía poblana halló más recursos durante su investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, por lo que ahora suman 622 millones 707 mil 500 pesos.
Lo anterior le permitió a la FGE obtener la vinculación a proceso de Florentino Daniel Tavera, quien permanecerá en la cárcel gracias al otorgamiento de la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya la investigación complementaria.
El mandatario apuntó que la investigación involucrará a todas las áreas de gobierno otorgaron contratos a alguna de las 13 de las 32 compañías creadas por Daniel Tavera, las cuales obtuvieron 280 contratos de dependencias y entidades de gobierno, algunas en la actual administración y otras de la gestión que encabezó Antonio Gali.
Como lo ha mencionado, se someterán a revisión los contratos que otorgaron algunos funcionarios de gobierno al inicio de su administración, los cuales sumarían un total de 35.7 millones de pesos, a cinco empresas ligadas con Florentino Tavera.
Sin embargo, la investigación también salpicó al Poder Judicial, ya que las empresas de Tavera Ramos fueron beneficiadas con contratos por un monto superior a los 30 millones de pesos, a diferencia del titular del Ejecutivo estatal, el titular del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, no ha anunciado alguna investigación al respecto.
A través de la empresa Grupo Estratégico Rijosa SA de CV, el Tribunal Superior de Justicia del estado le habría otorgado dos contratos, uno por un monto de 29 millones 986 mil pesos y otro por 2 millones 232 mil 265 pesos.
