Era el año 2021, Eduardo Rivera Pérez resurgió de las filas del panismo poblano como la única carta posible para ganar la alcaldía de Puebla tras 10 años de su primer trienio. El contexto político de entonces dictaba un hartazgo social por un Ayuntamiento emanado de Morena que no pudo sentar sus reales para conseguir una reelección.
Sin el respaldo del gobernador Miguel Barbosa Huerta a la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, además de notorios yerros cometidos en distintos ámbitos de la administración pública municipal, el 6 de junio del año pasado, Rivera Pérez consiguió la victoria en las urnas con 295 mil 262 sufragios a su favor y 117 mil 695 votos de diferencia de su principal oponente.
Pero el triunfo no fue producto de un eminente desempeño de sus primeros tres años de gobierno, tampoco de su despliegue como cuadro político dentro de Acción Nacional; Rivera Pérez ganó la alcaldía gracias a los múltiples desatinos de su antecesora que le generaron una pésima opinión pública y que en cascada desencadenó un voto de castigo en la zona metropolitana de Puebla, tanto en alcaldías como en diputaciones locales y federales.
Éste fue el antecedente de cómo el munícipe logró ocupar por segunda ocasión la silla presidencial en el Palacio de Charlie Hall, pero más tardó en conseguir su propósito que en develar sus verdaderas intenciones.
De inicio, el alcalde fue motivo de críticas por aumentarse el sueldo hasta en un 42.3 por ciento y ganar inclusive más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con las modificaciones a la Estructura Orgánica municipal, también creó cargos por ‘amiguismo’, como el de la Gerencia municipal a cargo de Adán Domínguez Sánchez, cuyo sueldo es de 90 mil pesos mensuales.
El edil dio la espalda de inmediato a la alianza política que le dio el empuje para ganar en las urnas y desconoció −pese a las pruebas− haber prometido la entrega del 25 por ciento del gabinete al equipo de la otrora dirigente estatal del blanquiazul, Genoveva Huerta Villegas.
La estrategia del alcalde, fuera de generar alianzas entre los yunquistas y los exmorenovallistas, generó una fricción al interior del partido y con la llegada de Augusta Díaz de Rivera a la dirigencia del PAN, las diferencias arrecieron aún más dentro de la misma militancia.
En el día a día de gobierno, la historia fue similar: el alcalde arrancó con la entrega de contratos a diestra y siniestra, con sospechas de haber favorecido a integrantes de la corriente ideológica de la que forma parte: La Organización Nacional de El Yunque.
Un ejemplo de contratos posiblemente amañados se encuentra en el otorgado a Vital LED Iluminación S.A de C.V para el alumbrado público de la ciudad, uno de los servicios de mayor demanda en la Angelópolis y de los más costosos para las arcas municipales.
Las primeras sospechas ocurrieron cuando Hipócrita Lector evidenció que dicha firma era propiedad del marinista Edgar Nava y que, además, la firma incrementó su capital social por hasta 20 millones de pesos tan sólo 20 días antes de recibir el contrato con la Comuna para hacerse de 49.2 millones de pesos en sólo cuatro meses por la contraprestación del servicio.
No sólo se trató del alumbrado público, el munícipe también lanzó el programa parquímetros a través de un proceso de licitación a todas luces cantado para que fuera entregado a la compañía Cargo Móvil S.A de C.V, cuyos administradores y socios también forman parte de El Yunque.
La empresa es dirigida por Carlos Manuel Anaya Rodríguez, exdirector general de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), así como Herberto Rodríguez Regordosa, funcionario de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y líder de la Fundación de Empresarios Por Puebla.
Las sospechas de un presunto favoritismo a la firma crecieron a través de Herberto Rodríguez, toda vez que es hijo de Herberto Rodríguez Concha y Nineta Regordosa Valenciana, dos yunquistas de cepa que son a su vez patronos de la UPAEP y beneficiarios de la Junta de Mejoramiento Cívico, Moral y Material de Puebla.
La implementación de los parquímetros, por el contrario de generar mejoras en movilidad, provocó descontento entre los ciudadanos, pues las multas excesivas y la falta de respuestas claras a comerciantes y vecinos del cuadrante que buscan espacios donde aparcar sus vehículos durante más de cuatro horas, generó manifestaciones y hasta amparos contra el proyecto.
El “terrorismo contra automovilistas”, como lo calificó el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, lo llevó también a revelar que, de un mes a otro, las multas por el uso indebido de parquímetros incrementaron hasta 264 por ciento y que tan sólo hasta agosto sumaban 86.4 millones de pesos en infracciones viales, lo que supone un incremento desmedido del 250 por ciento.
El primer informe del alcalde poblano también estará enmarcado por haber dado perdón y olvido a su antecesora Claudia Rivera Vivanco, al avalar la Cuenta Pública de su último año de gestión sin mencionar nada sobre las más de 2 mil inconsistencias del proceso entrega-recepción que tanto pregonó al asumir el cargo de presidente municipal.
En cuanto al ambulantaje, a 365 días de rendir protesta, los comerciantes siguen sin respuestas para poder comercializar sus productos en otros espacios y su retiro se dio únicamente bajo el uso de la fuerza y amenazas desde la Secretaría de Gobernación municipal a cargo de Jorge Cruz Lepe.
El gran pendiente de la ciudad sigue siendo la seguridad pública. De octubre de 2021 a agosto de 2022, la incidencia delictiva en el municipio repuntó 14.8 por ciento, en relación con el mismo periodo de su antecesora Claudia Rivera Vivanco.
En este periodo, en promedio la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido en el municipio de Puebla 6 denuncias diarias por robo a transeúnte, 3 por robo a casa habitación, 2 por robo de autopartes y hay un acumulado de 194 carpetas de investigación por homicidios.
