Aun con la derrota a cuestas por la negativa del Congreso local de aprobar el cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP) para la capital poblana, el alcalde Eduardo Rivera Pérez analiza una estrategia más: ‘cabildear’ con cada uno de los legisladores de Acción Nacional el aval de este concepto dentro de la propuesta de Ley de Ingresos para el año 2023.
Y es que, en la propuesta para el ejercicio fiscal 2022, discutida en diciembre del año pasado, el edil se olvidó de buscar consensos con los diputados de su mismo partido. De ahí que Morena, PRI, PT y las demás bancadas, decidieron no asumir el costo político de la medida y entregar una rotunda negativa a la propuesta del DAP en el Pleno del Congreso, tanto para la capital como para las Cholulas.
Este martes, Rivera Pérez manifestó que, a través de su coordinador de regidores, Carlos Montiel Solana y representantes de relaciones públicas de la Comuna, comenzarían a buscar acercamientos con los legisladores panistas para convencerlos de avalar el DAP para el próximo año.
“Yo quiero reconocerle al presidente del Congreso la disposición que tiene en la apertura que se revise este tema; eso a mí me parece un gran paso para el gobierno de la ciudad y bueno, si él considera que es necesario el Cabildeo con los diputados de Acción Nacional, así lo haremos con mucho gusto”, apuntó.
Sin embargo, la iniciativa surgió sólo después de que el líder del legislativo, Sergio Salomón Céspedes, expresó que la fracción panista deberá ser la primera en sumarse a la aprobación del DAP, toda vez que el año pasado fueron los integrantes de su mismo partido los que la rechazaron.
En la discusión de la propuesta en diciembre del año pasado, el voto en contra del DAP fue promovido por diputados disidentes de Morena, como Carlos Evangelista, Daniela Mier, Iván Herrera y Angélica Cervantes, quienes previamente habían utilizado el tema como garrote político para atacar a la administración panista al vender el argumento de que se trataba de un nuevo impuesto, mas no de un concepto.
Pero sin duda lo que marcó la diferencia, fue la resistencia de los propios legisladores del PAN: Guadalupe Leal, Patricia Valencia, Aurora Sierra, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Nancy Jiménez y Rafael Micalco Méndez, fueron algunos de los legisladores que dieron la espalda a que se cobrara el DAP en la capital poblana, San Andrés y San Pedro Cholula por diferencias con el edil.
Una vez que el Pleno del Congreso rechazó el DAP, el alcalde Eduardo Rivera Pérez inició una afrenta que se mantiene hasta la fecha, al buscar por todos los medios su aprobación para el próximo año, desde buscar el respaldo de la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales, hasta la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El argumento del munícipe es que fue “injusto” el aval del DAP en 143 municipios de la entidad poblana y no en la capital, lo que representa un recorte de recursos de 140 millones de pesos anuales.
