La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una amplia y nutrida carpeta de investigación sobre las relaciones que mantienen abogados particulares, algunos exservidores públicos, con el crimen organizado.
Dichas pesquisas han permitido, hasta el momento, descubrir situaciones muy graves que podrían salpicar a más de un aspirante de la gubernatura o políticos prominentes.
Pronto, nos dicen, habrá noticias y tocará fibras sensibles.
¿Qué información existe en esa carpeta? Solo la Fiscalía lo sabe y la secrecía con que se ha manejado el expediente ha sido un factor que permitió a las autoridades ministeriales allegarse de datos clave sobre los entresijos que conforman el ajedrez delictivo vinculado con la política.
Obviamente, un antecedente importantísimo ha sido la trama en que la banda criminal de José Christian, alias El Grillo, montó todo un dispositivo para atentar contra el candidato Miguel Barbosa Huerta.
¿Quién se beneficiaba del atentado contra el abanderado morenista? La respuesta a esa pregunta encierra una de las claves fundamentales para desenmarañar la red que se tejió y sus participantes, así como los alcances de la trama y la psicología de los involucrados.
A pesar del golpe contundente de la gestión barbosista para desarticular la banda de El Grillo, la narco-cartulina que apareció junto a un hombre muerto en el mercado Morelos el 8 de septiembre pasado puso en evidencia que la complicidad de abogados y criminales permanece intocada.
En otras palabras: los vericuetos de complicidad entre la delincuencia y abogados-exservidores públicos podría ser el eslabón que mantiene cohesionado lo que todavía existe de la vieja banda criminal, el negocio del narcomenudeo que se niegan a perder.
¿Será que este vínculo es el último aliento para tener a la mano un grupo criminal que intente desestabilizar a la entidad con miras a la sucesión gubernamental? ¿O será que es tal la bola de nieve que los involucrados no han podido salirse de la trama?
La investigación de la Fiscalía, sin duda, es uno de los principales puntos vulnerables que puede descarrilar cualquier proyecto político que apuesta por 2024. ¿Cómo puede ser candidato alguien que tenga vínculos probados o sospechosos con el narcomenudeo?
Mucha tinta todavía está por correr en esta trama. Por lo mientras, el mismo mandatario estatal fue el encargado de confirmar que existió un complot para atentar en su contra. La historia está muy lejos de haber terminado.
Prófugos que no se esconden
Los pasados 13, 14 y 15 de septiembre tuvo lugar la Fumexpo 2022, la convención que recoge “las últimas tendencias y novedades en la industria funeraria”. El evento tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco. Lo interesante es que en la exposición apareció un político que anda a salto de mata desde hace varios meses: el diputado local del PT con licencia José Juan Espinosa Torres, quien está involucrado en un presunto desvío de recursos por 100 millones de pesos, cuando fungió como presidente municipal de San Pedro Cholula.
El cholulteca, nos dicen, fue nada más de pisa y corre, pero se dejó fotografiar con algunas personas. Acudió porque es propietario de una agencia funeraria en la ciudad de Cholula.
Una vez que hizo acto de presencia regresó a su escondite en la ciudad de Veracruz. El sitio no es casualidad, pues es utilizado por el huidizo político para evitar alguna detención. El mecanismo es fácil: cuando es informado que pretenden echarle el guante, toma su miniyate y se interna en aguas internacionales.
Otro que también anda reaparecido es el hijo político consentido del exgobernador José Antonio Gali Fayad, alias Tony Gali, y que está involucrado en millonarios desvíos cuando fungió como secretario de Infraestructura estatal: Xavier Albizuri
Morett.
El encargado de dar la noticia fue el periodista Alejandro Mondragón, quien posteó en su cuenta de Twitter: “Tan campante anda ya Javier Albizuri por #Puebla que se pasea entre Val’Quirco y el Club de Golf La Huerta. Busca reuniones con cercanos a @TonyGali”.
El club de golf La Huerta se ubica en San Pedro Cholula: ¿casualidad?
