La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezado por la deplorable activista Rosario Piedra Ibarra, acaba de cometer otra de las mayores torpezas de su gestión: emitir la recomendación 161/2022 a la Secretaría de Seguridad Pública estatal por el desalojo de estudiantes de la Escuela Normal Rural (ENR) “Carmen Serdán”, ubicada en Teteles de Ávila Castillo, el pasado 1 de junio cuando protestaban afuera de Casa Aguayo por el deceso de dos de sus compañeras que intentaban robar mercancía de un tráiler.
¿Qué dice el documento plagado de bilis e insidia? Que los estudiantes sufrieron actos crueles e inhumanos durante su desalojo a manos de integrantes de la Policía Estatal Preventiva, además de que violaron su derecho a la libertad de expresión y protesta social.
En una de sus páginas, asienta: “El Informe y la Opinión CNDH precisan que la manifestación organizada por estudiantes de la ENR el 1 de junio de 2021, se desarrolló de manera pacífica desde su inicio, debido a que no se registró algún acto violento de los integrantes de la protesta social en contra de la población civil ni de los ESSP”.
¿Cuál es la realidad que los poblanos vimos el 1 de junio de 2022? Una muy sencilla: estudiantes hombres (la Normal de Teteles es exclusiva de mujeres) con los rostros cubiertos portando tubos, bidones y bombas molotov, todos agrupados en las diferentes calles que rodean a Casa Aguayo.
Pero vayamos un paso atrás: El motivo de la protesta.
El 20 de mayo de 2022, unas 70 normalistas de Teteles organizaron una jornada de protesta que incluyó una conferencia de prensa y la entrega de un pliego petitorio a las autoridades estatales. Por la tarde, se dirigieron a la autopista Amozoc-Perote y en la caseta del municipio tlaxcalteca de Cuapiaxtla, intentaron —al filo de las 15 horas— saquearon un tráiler que transportaba bebidas energizantes.
Al verse comprometido por el intento de robo, el conductor aceleró la velocidad del vehículo y dos estudiantes cayeron desde la parte alta de la unidad y se golpearon en la cabeza. Las víctimas fueron identificadas como Iris, de 21 años, originaria del estado de Guerrero, y Mónica Paola, de 22 años, de Tlatlauquitepec.
En una entrevista con Imagen Puebla, la madre de Mónica Paola reveló que su hija la puso al tanto de la manifestación y su obligación para acudir, pues de lo contrario “no les darían de comer en el comedor”.
La hermana de la víctima puntualizó: “Hay cabecillas principales de cuarto que son responsable de esta tragedia porque ellas eran las que querían que se hiciera esa protesta… las amenazaban en que si no participaban las iban a castigar y quitar la ración”.
La tragedia no fue explicada por la CNDH en su informe o, bueno, más bien la causa principal de la protesta solo bastó una línea. Tal vez, sería porque en esas fechas la belicosidad de las normalistas rurales del país había sido exhibida al darse a conocer la merma que sufre el gobierno federal por la toma de casetas de cuota.
Más aún: La rueda de prensa que ofrecieron y el pliego petitorio era consecuencia de un largo proceso de negociaciones que el gobierno del estado inició con las normalistas de Teteles. Esas reuniones derivaron en acuerdos que, inexplicablemente, siempre eran desconocidos por las estudiantes a pesar de que algunos estaban en marcha, sobre todo en la mejoría de las instalaciones.
Lo que la recomendación de la CNDH —que acusa a la SSP de violar los derechos humanos de los estudiantes— no incluyó es que, en esas negociaciones, el gobernador Miguel Barbosa Huerta pactó entregarles un autobús de pasajeros, una de las principales demandas y principal activo para sus manifestaciones.
Luego, vino el trágico accidente y 12 días después una protesta frente a Casa Aguayo en la que existía toda intención de los estudiantes por generar desmanes. De lo contrario, para qué querían los tubos, bidones y bombas molotov si durante los últimos dos años habían gozado de la apertura del gobierno del estado para escucharlas, sin importar que luego las normalistas se desdijeran de sus palabras.
¿Para qué llevar armas a una manifestación en la que la autoridad no tenía ninguna responsabilidad por la tragedia y siempre mostró disposición al diálogo?
Lo que la CNDH no dijo ni asentó en ninguna parte del documento fueron las fotografías y videos que las autoridades estatales entregaron para demostrar que había una intención evidente de jóvenes, presuntos normalistas de otras partes de la República Mexicana, por generar un conflicto afuera de la sede del Poder Ejecutivo de Puebla.
Eso no tenía importancia. Para el organismo que dirige la patética activista Piedra Ibarra, los chamacos estudiantes eran un pan de Dios que hacían valer su derecho a la libre manifestación y protesta, sin importar que pretendieran incendiar un edificio público sin razón.
Peor aún: los tratos inhumanos y crueles que dicha institución advierte serían producto de las detenciones al momento del desalojo para impedir que hubiera una confrontación violenta o desmanes.
Se asientan golpes, gas lacrimógeno, palabras malsonantes, entre otras cosas, por parte de los uniformados. ¿La CNDH quería que les pidieran, a través de suplicas, que subieran a sus camiones y se fueran?
La violencia policiaca y barbarie de las fuerzas del orden no tiene ninguna justificación, es reprobable y todo el peso de la ley debe caer en los responsables. Pero qué pasa cuando un organismo, dirigido por una persona con filias y fobias muy marcadas, está dispuesto a servir como parapeto de las actividades de delincuencia organizada, camuflajeada de estudiantes normalistas.
Rosario Piedra Ibarra no puede negar que tiene una campaña expresa contra el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, el problema es que ya demostró que es capaz de destruir una institución tan necesaria para el Estado mexicano para torcer la realidad y enfocar sus dardos envenenados según sea su interés.
En el expediente abierto no se hace mención en ninguna parte el contexto en que se desarrolló el deceso de las dos estudiantes que es la causa más importante y, por lo tanto, la menos explorada.
Otra cosa que no incluye dicha recomendación es que meses después fuimos testigos nuevamente de un acto de barbarie por parte de las normalistas de Teteles. Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de los castigos, persecuciones, golpes que sufren unas estudiantes porque se negaron a participar en las actividades delictivas de las lideresas de la normal, que son presas de normalistas de Ayotzinapa.
La brutalidad con que son castigadas esas alumnas no merece ningún señalamiento por parte de la CNDH. No hay una investigación para evitar la violación de derechos humanos, para el organismo solo hay una visión, sin equilibrio ni justicia.
¡Biban los normalistas! ¡Muera la autoridá!
