Hablando en plata: La concesión de los servicios de agua potable y saneamiento otorgada por Rafael Moreno Valle fue sólo la culminación de una larga cadena corrupción, negligencia y nulo ejercicio de autoridad de los diferentes directores del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), los gobernadores y legislaturas en turno.
En toda la vida del Soapap (de 1984 a la fecha) solo un director ha sido sancionado por el multimillonario desvío de recursos que realizó en el organismo, pero su inhabilitación ocurrió hasta 2018, cuando Morena logró el control del Congreso del estado.
Seis años antes, Eduardo Macip Zúñiga había sido colocado en la picota pública por los morenovallistas como una forma de distraer la atención y justificar por qué era necesario tomar una decisión radical para el subsector agua, es decir, concesionar los servicios.
La Comisión Inspectora del extinto Órgano de Fiscalización Superior atribuyó irregularidades hasta por 10 mil millones de pesos al exfuncionario, pero nunca procedió la inhabilitación ni una sanción ejemplar.
La situación no es menor. En 38 años de vida, el sistema hídrico poblano, supervisado por el Soapap, sigue arrastrando una deuda de miles de millones de pesos y nadie ha sido castigado no sólo por los escandalosos pasivos amasados en más de cuatro sexenios sino también por su ineficiencia en el cobro de los servicios, la negligencia en la administración de la red hidráulica, fuentes de abastecimiento y saneamiento de las aguas negras.
El pretexto perfecto, por ejemplo, fue echar la culpa a todos y a nadie. La mortal contaminación de los ríos Atoyac (Zahuapan en Tlaxcala) y Alseseca, que confluyen en la presa Manuel Ávila Camacho, conocida popularmente como Valsequillo, rebasó a todos porque la corrupción se impuso. Un soborno bien valía permitir todo tipo de descargas a los afluentes a pesar de que contenían elementos peligrosos para la vida humana.
La gravedad de la contaminación de los ríos y la presa llevó a otro problema: La insuficiencia de plantas de tratamiento que atendieran tal volumen de desechos. Y si a eso le sumamos la sospechosa construcción de las cuatro plantas a cargo de TAPSA, el fracaso en el modelo de deuda contingente, amortizando el servicio con el pago por metro cúbico tratado por la compañía.
El dinero para esa estrategia, según las cuentas alegres de las autoridades en turno, saldría el cobro de las tarifas a la ciudadanía. ¿Qué hicieron los diferentes gobiernos y directores? Negarse a elevar la tarifa y subsidiarla, una situación estúpida porque a cuesta arrastraba un multimillonario crédito.
Sin tarifas adecuadas, pésima recaudación, un sistema hidráulico inservible y el agotamiento acelerado de las fuentes de abastecimiento, entonces, vino la grandiosa idea de que el Soapap comprara las cuatro plantas de TAPSA, que la autoridad se hiciera cargo del servicio y para eso fue necesario un nuevo crédito.
En 38 años hemos tenido autoridades muy malas para administrar los servicios y ahora que está en manos de una empresa, la culpa por todos los problemas es exclusivamente suya.
Los años han pasado, la ciudad ha crecido de manera anárquica, el desarrollo urbano terminó por comerse a los diferentes gobiernos que, además, solaparon por corrupción una mancha urbana caótica.
Como era de esperarse, el agua nunca fue suficiente. En Puebla se llegó al extremo que primero había un asentamiento humano y muchos años después llegaban los servicios. Luego venía el negocio y la complicidad con organizaciones criminales, disfrazadas de sociales, para regularizar las colonias ilegales.
Así pues, cuando la empresa concesionaria llegó, el caos estaba a la orden del día.
Los trasnochados izquierdistas, vividores del tema del agua, ahora salen a gritar y denunciar que se pretende afectar la economía familiar con un ajuste mínimo al esquema tarifario. Lo que no dicen es que durante cuatro sexenios tuvimos autoridades timoratas que evadieron su responsabilidad en este tema de seguridad nacional.
¿Dónde estuvieron los ahora vividores del tema del agua cuándo las diferentes legislaturas aprobaron las cuentas públicas de los directores del Soapap? ¿Dónde estuvieron cuando los diputados locales, por órdenes de los gobernadores en turno, autorizaron la contratación de créditos a 20 años para un sistema obsoleto?
Es más, ¿con qué cara se asumen como los defensores del agua si entre sus filas milita uno de los responsables de esta infame historia?
Por eso es trascendental el anuncio que realizó el gobernador Miguel Barbosa Huerta para que la Secretaría de la Función Pública realice una auditoría sobre el manejo que se hizo del Soapap. Es probable que algunos delitos hayan prescrito y otros más quedaran sin efecto, pero por lo menos sabremos la verdad histórica que encierra el crimen más escandaloso e impune en la entidad poblana, el cual se equipara solo al desfalco a las arcas públicas que realizó el morenovallismo.
Los ciudadanos debemos conocer quiénes son los responsables y la magnitud de sus fechorías. Repito, es probable que algunos delitos hayan prescrito, pero quedará la tribuna pública para exhibirlos y terminar con el halo de impunidad con el que viven y caminan por las calles.
El mismo halo que les permite salir a dar conferencias de prensa para despotricar a diestra y siniestra (Francisco Castillo Montemayor) o que les permita llegar a otros cargos públicos (Luis Ontañón León), en los que también están siendo investigados por nuevos desfalcos millonarios.
