Es el 18 de julio de 2022. En una mesa improvisada para una conferencia de prensa se encuentran el exdelegado del INM en Puebla, David Méndez Márquez, y el legislador federal Alejandro Carvajal Hidalgo, entre otros. ¿El motivo? Despotricar contra el ajuste mínimo a las tarifas de agua potable y saneamiento aprobada la semana pasada por el Congreso local.
14 de julio de 2022. La exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco exige a la bancada de Morena no aprobar el ajuste tarifario. Sus redes sociales se atiborran de críticas de sus seguidores.
15 de julio de 2022. Los diputados locales del PAN Rafael Micalco Méndez y Mónica Rodríguez Della Vecchia votan en contra del ajuste a las tablas de cobro, no sin antes considerar la medida como antipopular y lesiva a los intereses de los ciudadanos.
16 de julio de 2022. Jorge Méndez Spínola, padre de David Méndez, sorraja una cachetada al diputado de Moreno Fernando Sánchez Sasia por haber aprobado el aumento a la tarifa y forma parte, junto con el legislador claudista Iván Herrera Villagómez, del puñado de militantes que azuzan a sus seguidores para que expulsen del lugar a los diputados.
Las cuatro historias parecería que tienen como común denominador montarse en el tema del agua como parte de la pugna interna ante la inminente renovación de los consejeros de Morena. Pero detrás existe un punto que pocos conocen: Los diferentes grupos que ahora se quejan tienen vínculos directos o indirectos con los exdirectores generales del Sistema de Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) que fueron los responsables de provocar el grave endeudamiento del organismo y su quiebra técnico-financiera.
LOS INICIOS DEL CAOS
El caos y desfalco del Soapap comenzó en 1996 cuando Manuel Bartlett Díaz y Luis Ontañón León, director del Soapap, solicitaron un crédito a Banobras por 34 millones 211 mil 130 pesos que les permitió compactar en un solo préstamo todos los pasivos que arrastraba el organismo con diferentes entidades financieras.
Un año después, en 1997, el Soapap solicitó una nueva línea de crédito a Banobras por 702 millones 747 mil 804 pesos que servirían para financiar las obras del Proyecto Integral de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Zona Metropolitana. Se trataba de una de las tantas líneas incluidas en el Programa de Desarrollo Regional Angelópolis que pretendía detonar la zona sur de la capital poblana y el desarrollo inmobiliario y comercial en lo que ahora es la zona de mayor plusvalía.
El director del Programa de Desarrollo Regional Angelópolis era en ese tiempo Eduardo Macip Zúñiga, un urbanista que entre otras muchas cosas compartía un estrecho lazo de amistad y profesional con Francisco Vélez Pliego, eterno director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP, quien junto con su esposa de Catalina Pérez Osorio, exsecretaria de Igualdad Sustantiva en el gobierno de la morenista Claudia Rivera Vivanco, fueron los principales impulsores y asesores de la exalcaldesa.
Sin embargo, las cosas no resultaron nada bien. De acuerdo con el reportero Rodolfo Ruiz Rodríguez, entonces columnista de Entre Líneas, Luis Ontañón fue prácticamente echado del organismo a principios de agosto de 1999, luego de que la Secretaría de Finanzas y Administración detectó serias irregularidades en el área comercial: El cobro a los usuarios fue estimado en 48 por ciento y había 281 millones de pesos pendientes de recuperar, lo que provocó un quebranto a las finanzas e hizo imposible pagar los préstamos solicitados a Banobras.
A la par, la Dirección de Inversiones Públicas descubrió un sobregiro de 38 millones de pesos, ya que para el ejercicio fiscal 1998 tenían presupuestados 285 millones y al final se gastaron 323 millones sin que hubiera ninguna explicación.
EL TURBIO LEGADO DE CASTILLO MONTEMAYOR
Con esa realidad a cuestas arribó al Soapap, Francisco Castillo Montemayor, ¿Cuál fue su aportación? Los indicadores en poder de este reportero no reflejan nada positivo. Por el contrario, la deuda del organismo se disparó y existen fuertes sospechas de solapamiento de la corrupción en la construcción de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, a cargo de la empresa TAPSA, filial de la francesa Dégremont.
Desde la gestión de Manuel Bartlett, el gobierno del estado emitió una licitación pública para la construcción de cuatro plantas de tratamiento con una capacidad de saneamiento de 3.6 metros cúbicos por segundo. Un reportaje de Intolerancia Diario, publicado el 20 de enero 2011, reveló que el Soapap se comprometió a amortizar el crédito de Banobras por más de 702 millones de pesos a través del pago de una tarifa mensual por metro cúbico tratado por la empresa, es decir, adquiría una deuda contingente.
Esa medida resultó una muy mala idea, pero lo que seguiría sería aún peor. Castillo Montemayor convenció al gobernador Melquiades Morales Flores y al poderoso Grupo Finanzas, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, para refinanciar en 2003 los pasivos que arrastraba el Soapap con Banobras, por lo que solicitó al Banco del Bajío un nuevo crédito por 739 millones 165 mil 979 pesos.
Un año después, Castillo Montemayor recurrió a dos préstamos adicionales por 782 millones 750 mil pesos que fueron utilizados para comprar a TAPSA-Dégremon las cuatro plantas que había construido y que reportaban una incapacidad para tratar los residuos sólidos de los diferentes afluentes.
El director del Soapap, además, pidió un crédito por 100 millones de pesos para “obras complementarias”.
Todas estas decisiones provocaron que el Soapap asumiera una deuda directa que antes era contingente y, por si fuera poco, sin ninguna ganancia adicional. El argumento que esgrimió el funcionario en ese tiempo fue que los pasivos que arrastraba la institución deberían haberse pagado con las tarifas que se cobran a los usuarios.
El cobro eficiente, por lo visto, tampoco funcionó en la gestión del exfuncionario.
Pese a los desatinos en su gestión, Castillo Montemayor ahora es uno de los principales críticos de la concesión entregada a Agua de Puebla para Todos y es protegido por la familia Méndez Márquez, que tomó como bandera el tema del agua desde hace más de una década.
El exfuncionario incluso fue uno de los principales asesores de la regidora Rosa Márquez, quien encabezada la Comisión de Agua en el Cabildo de Puebla, en la gestión de Claudia Rivera.
Castillo Montemayor, además, ha hecho mancuerna con René Sánchez Galindo, exsecretario de Gobernación municipal con Rivera Vivanco.
Tras el penoso manejo del Soapap, lo peor todavía estaba por venir.
El gobernador Mario Marín Torres designó a Eduardo Macip Zúñiga como el nuevo director del Soapap. El 3 de julio de 2008, ambos contrataron el crédito que hundió para siempre al organismo. Banobras facilitó un préstamo por 2 mil 201 millones 793 mil pesos, a pagarse a un plazo de 20 años (30 de julio de 2028), el cual estaba destinado a refinanciar la deuda con Banco del Bajío (que ascendía a mil 483 millones 764 mil 963) e incluía una línea adicional por 718 millones 028 mil 881 pesos.
El director general del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, SOAPAP, Eduardo Macip Zúñiga dio a conocer los programas de pagos y descuentos de este organizmo para el año 2011.
Foto.-Pablo Spencer/esimagen.com.mx !!
Un informe técnico -en poder de este reportero- revela que “del monto total contratado por 2 mil 201 millones 793 mil 844 pesos sólo fue dispuesto el monto de 2 mil 128 millones 915 mil 860 pesos, con una comisión por apertura del 0.42 por ciento del monto total del crédito, sin comisión por pago adelantado, con una tasa de interés sobre saldos insolutos igual al resultado de adicionar a la TIIE 0.49 puntos porcentuales, misma que en el mes de noviembre de 2013 bajó a TIIE 0.47 puntos porcentuales; un plazo máximo de 240 meses y Participaciones Fideicomitidas del 4 por ciento o 65 millones de pesos, lo que resulte mayor”.
La deuda impagable del Soapap fue heredada a Rafael Moreno Valle Rosas. Una revisión efectuada en 2013 por la extinta Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior reveló que Eduardo Macip era investigado por un desvío de 10 mil millones de pesos en el Soapap. Fue hasta 2018 cuando el exfuncionario fue inhabilitado por 12 años para ocupar algún cargo público.
Fue justo en medio de esa bomba de tiempo cuando el morenovallismo optó por concesionar los servicios a la empresa Concesiones Integrales, cuyo nombre comercial es Agua de Puebla para Todos.
Pese a lo antipopular de la medida y la firma de un contrato leonino que solo beneficiaba a la empresa, la aprobación en el Congreso del estado fue casi unánime. En esa época Rafael Micalco Méndez fungía como presidente estatal del PAN y no sólo aplaudió la medida, sino que la promovió y defendió en diferentes foros. Hoy que es diputado local votó en contra del ajuste tarifario y lo tildó de antipopular.
Mónica Rodríguez Della Vecchia tampoco emitió alguna crítica respecto a la concesión de agua en esa época. Su esposo, Pablo Rodríguez Regordosa, fue uno de los impulsores de la medida y uno de los integrantes del gabinete de Rafael Moreno Valle. Hoy, la legisladora sostiene que el ajuste tarifario afectará a las familias.
