La premura del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, porque el Congreso del estado aprobara cuanto antes las concesiones para la recolección y disposición final de residuos sólidos en el municipio solo despertó las sospechas en el epicentro del poder, máxime que los contratos con la empresa RESA vencen hasta el próximo mes de diciembre, es decir, hay tiempo suficiente para analizarlos, validarlos y optar por la mejor opción.
El empecinamiento del munícipe panista se ha topado, por el momento, con dos puntos torales que ha incumplido en el proceso para lanzar una nueva licitación: No ha presentado las corridas financieras que justifiquen la asignación de un contrato por 15 años; y la Unidad Verificadora, que depende de las autoridades medioambientales, no ha presentado su informe sobre las condiciones en que opera el relleno sanitario de Chiltepeque, lo que se traduce en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana y si el actual concesionario está en posibilidades de participar, una vez más, en la puja por el contrato.
Por el contrario, lo sí ha quedado de manifiesto es el interés de las autoridades municipales para defender a la empresa RESA y colocarla como la mejor opción para renovar la concesión. Esta no defensa no es circunstancial, el responsable de actuar como abogado defensor de la concesionaria es Alejandro Fabre Bandini, un panista que ha tenido el monopolio del Organismo Operador del Servicio de Limpia y conoce a la perfección los entresijos del contrato de recolección y confinamiento de la basura en el municipio.
Vayamos por partes.
El jueves 7 de julio, Eduardo Rivera intentó que en un solo día se llevara a cabo la sesión extraordinaria del Cabildo de Puebla para aprobar las concesiones por un tiempo de 15 años de ambos servicios (recolección y disposición) y validar el acta de la sesión; obtener las observaciones de la Consejería Jurídica del gobierno del estado; presentar la iniciativa ante el Congreso del estado e incorporarla fast track en asuntos generales para que fuera enviada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su análisis y discusión.
El texto una vez validado por la comisión sería presentado al pleno del Congreso este jueves 14 de julio para su aprobación y, posteriormente, su publicación en el Periódico Oficial del Estado. A partir de ahí, estaría en manos del Ayuntamiento de Puebla todo el proceso de la licitación pública nacional y la asignación del contrato.
¿Por qué tanta premura si la concesión vence el próximo mes de diciembre? Nadie lo sabe, pero esa actitud despertó las sospechas de los diputados locales y del gobierno del estado. Por instrucción del gobernador Miguel Barbosa Huerta se creó una mesa de trabajo interinstitucional (Legisladores locales, Secretaría de Planeación y Finanzas estatal, la Secretaría de Medio Ambiente, y el Ayuntamiento de Puebla) para revisar a detalle el contrato y, principalmente, la corrida financiera de inversión propuesta por la gestión de Eduardo Rivera que justificara los 15 años de la concesión.
Primer problema: Hasta este momento, ninguna autoridad de la mesa de trabajo conoce la corrida financiera pese a ser un elemento clave de la revisión. Los funcionarios del Ayuntamiento de Puebla presentaron únicamente la propuesta de contrato, es decir, a pesar de la presión para que el Congreso local aprobara fast track la minuta de concesión, el expediente no está completo.
¿Hasta cuándo se dignará Eduardo Rivera a presentar la corrida financiera? Nadie lo sabe, pero la actitud asumida abre todo tipo de sospechas: No la tienen; la tienen y deben modificarla porque los cacharon en el negocio; la ocultaron premeditadamente; o simplemente ha sido una torpeza de los funcionarios municipales.
Por otra parte, ha generado suspicacia la actitud asumida por Alejandro Fabre, asesor de Eduardo Rivera en el proceso de concesión, ya que parece más un defensor de la empresa RESA que alguien interesado por obtener los mejores beneficios para el municipio. Incluso en una mesa de trabajo pidió que, así como se critican los puntos negativos de la compañía, también se hable de las cosas positivas como el haber mantenido su inversión a pesar de que la Comuna no les pagó durante varios meses.
Esa postura no es gratuita, ya que existe la sospecha de que la Comuna pretende enfilar todo el proceso de licitación para asignar de nueva cuenta el contrato a RESA. El problema es que en este momento no existe ningún informe, análisis o dictamen oficial sobre el cumplimiento de todas sus obligaciones establecidas en el contrato que detenta, así como de la Norma Oficial Mexicana.
Por eso es fundamental el resultado que entregue la Unidad de Verificación contratada por el Ayuntamiento de Puebla para definir si la firma está en posibilidades o no de participar en la nueva licitación.
Eduardo Rivera está nuevamente en una encrucijada y lo que en un principio parecía una buena medida, hoy tiene el hedor de la maña.
