La aprobación de las reformas a la Ley del Notariado y al Código Penal pondrá fin a la idea del notario millonario, pues se pretende acabar con las conductas ilegales en el desempeño de la función notarial, que han permitido durante muchos años actos fraudulentos en contra del patrimonio de los poblanos.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta se refirió así al dictamen que aprobó el Congreso del Estado este jueves en sesión ordinaria y que estipulan penas de uno a cinco años de cárcel contra quienes cometan irregularidades en sus funciones notariales.
Durante su conferencia matutina, Barbosa Huerta dijo que los notarios que incurran en faltas serán acreedores a las sanciones que se señalan en la reforma, porque “han existido múltiples comportamientos en el desempeño de la función notarial, en el otorgamiento de escrituras, y eso obliga al gobierno a hacer esta propuesta”, dijo.
Hipócrita Lector ha documentado diversos casos en los que estarían involucrados notarios públicos sobre presuntos abusos, como el de la señora María Teresa Viniegra Luna, una persona de edad avanzada que lleva siete años luchando por recuperar legalmente su predio, el cual fue vendido con documentos presuntamente falsificados en San José Zacatepec, en el municipio de Huejotzingo.
En ese sentido, el mandatario también ha condenado la indiferencia del Colegio de Notarios del Estado ante este tipo de casos, pues no es la primera vez que mediante poderes notariales falsificados se arrebata el patrimonio a los poblanos. “No podemos hacer nada para que se mejore la labor notarial en Tlaxcala, pero en Puebla sí”, indicó en su conferencia del pasado 20 de junio.
A 10 días de que se expusiera el caso, este jueves el Congreso del Estado aprobó por mayoría de 25 votos a favor y únicamente dos abstenciones las modificaciones a la Ley del Notariado del Estado y al Código Penal local.
“Nosotros tenemos que vigilar para que las personas que acudan ante un notario tengan la certeza jurídica de todo lo que ahí ocurre o que nadie esté esperando que su predio o su casa ya es objeto (de litigio) y otro tiene escritura por poderes que se otorgaron en otro lugar para actos de dominio”, explicó.
Refirió que la función de las notarías no debe ser privada, ya que el poder que se le otorga a un fedatario es público; por lo tanto, “no es propiedad de los señores notarios y ellos tienen que cumplir con sus funciones en términos de la ley y no crear una zona de privilegio e impunidad”, acotó.
Entre las nuevas disposiciones para los notarios públicos está la obligatoriedad de emitir recibos de pago por los trámites que realicen con la finalidad de transparentarlos, así como penalizar a los prestanombres con uno a cinco años de prisión y multas que van de los 9 mil 622 a los 4 mil 110 pesos.
“Estas reformas van a acercar mucho a la sociedad con la función notarial y con los notarios. Va a volver verse en los notarios a esos personajes que tienen que provocar una gran confianza de rectitud, de honestidad y no lo contrario, que fue lo que pasó para muchos casos, la idea del notario millonario, alejado de todos, que ya ni se ve cuando alguien llega a una notaría, se va a tener que acabar”, indicó Miguel Barbosa.
Mediante estas modificaciones se obliga a los notarios a atender cada asunto de manera directa, sin suplantaciones, pues ahora los propios titulares deberán cerciorarse de la existencia de las personas al momento de emitir un instrumento notarial para que esté respaldada por la actividad judicial de los abogados, para que también se termine “esa vinculación de abogados y notarios tan horrible”, acotó.
