Para acabar con los actos de corrupción de notarios que ponen en riesgo el patrimonio de los ciudadanos, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley del Notariado y al Código Penal del Estado para castigar hasta con cinco años de prisión a quien incurra en actos irregulares.
La Minuta de Decreto de la iniciativa enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta fue aprobada por unanimidad de votos en la sesión ordinaria del Pleno del Congreso local.
El decreto establece que se castigará con prisión de uno a cinco años y multas de 9 mil 622 a 48 mil 110 pesos al que no desempeñe personalmente sus funciones y su actividad notarial; o permita la suplantación de su persona, firma o sello.
Se castigará a quien actúe en folios que no fueron autorizados por la autoridad notarial o que los mismos no tengan una secuencia y se ejecuten sin el conocimiento de la autoridad notarial, también a quien provoque dolosamente la nulidad de un instrumento o testimonio y cause daño o perjuicio directo a los prestatarios o destinatarios.
También se castiga a quien incumpla con el pago de los impuestos y derechos que se otorguen conforme a la normatividad aplicable, omita agregar al apéndice de los instrumentos copia o impresión de las transferencias bancarias o cheques por el pago de las operaciones traslativas de dominio o constitución de derechos reales de inmuebles.
Entre las modificaciones hechas al dictamen en comisiones, se estableció que los notarios deberán rendir cuentas ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal.
Se protegerán los datos personales en las transacciones bancarias que pasen por los notarios; además, se sancionará a los notarios que permitan la usurpación de su cargo, al igual que quienes se presten para usurpar sus funciones en actos notariales.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruiz, señaló que la reforma no va dirigida para ningún notario en especial, pues su principal fin es que se le dé certeza a los ciudadanos en los actos que lleven a cabo y evitar que por alguna irregularidad se ponga en peligro su patrimonio.
“Es para evitar que estén dando fe a actos inexistentes, estén guardando algunos folios como se hacía anteriormente o que incluso en una circunstancia en la que requeríamos la fe de un notario se encontraba el notario y mandaba al auxiliar o representante y el notario lo que hacía era únicamente firmar, ni siquiera contábamos muchas veces con la presencia del notario”, externo la diputada del Partido del Trabajo (PT).
La legisladora petista enfatizó que no se pretende castigar al servicio del notariado en el estado, pues lo que se busca es que las personas que ponen en sus manos su patrimonio, estabilidad económica y futuro tengan la certeza de que los actos notariales se realicen conforme a la ley, y terminar con los abusos que se realizaban en años anteriores que solamente se castigaban con faltas administrativas pequeñas.
