La administración de Eduardo Rivera Pérez no ceja en su intención por demostrar que son capaces de cometer torpezas peores. El viernes pasado, por ejemplo, sus esbirros en el Cabildo de Puebla consumaron la imposición de una deuda de 160 millones de pesos que forman parte del Fondo de Infraestructura Social Municipal que se supone, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, que se debe destinar “exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria”. ¿A dónde irán a para los recursos? A la relaminación de vialidades en zonas que no tienen nada de marginadas y para las juntas auxiliares que padecen de agua potable les asignaron unos cuantos pesos. Hasta dónde llegará la torpeza que entre la lista de acciones se encuentra la rehabilitación de tomas de agua potable y alcantarillado de las calles 16 y 18 Oriente-Poniente, entre el bulevar Héroes 5 de Mayo y la avenida 11 Sur. Al tratarse de recursos orientados al combate a la pobreza y marginación corresponde a la Secretaría de Bienestar municipal determinar su destino, máxime que su homónima federal establece el catálogo y directrices. Pero para Lalito El Gerente del Yunque el responsable de definir los trabajos prioritarios fue la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, lo cual resulta absurdo cuando los indicadores de pobreza apuntan a más de 680 mil poblanos que padecen diferentes dimensiones y carencias. ¿Una relaminación es un situación apremiante? ¿Combatir la pobreza alimentaria, extrema, por carencias es reparar (que no construir) vialidades en una zona netamente urbana? ¿El equipamiento urbano que ya existe en las zonas donde se enviarán los 160 millones, en verdad cumplen con los parámetros de combate a la pobreza? Si bien, la Matriz de Proyectos que define la Secretaría del Bienestar federal permite destinar 60 por ciento en proyectos complementarios, no es el caso de la capital: ni combate a la pobreza ni hay estrategia para paliarla. Así pues, la torpeza de Lalito y su ineficiente coordinador de regidores, el vendedor de cables Carlos Montiel Solana, podría ser observados por la Auditoría Superior de la Federación porque no se cumple con el objetivo material previsto en la ley. Seguramente, los panistas saldrán a decir que la toda la ciudad ya es considerada como zona de atención prioritaria, pero esta la nueva red de agua potable y drenaje en el Centro Histórico beneficia a familiar que ya cuentan con el servicio. Es más, la aprobación de la deuda estaría en dos supuestos: 1) un posible peculado, que el artículo 428 del Código Penal de Puebla establece como: “Todo servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado, Municipio o a un Organismo Descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”; 2) la violación a las funciones del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal. Según se lee en el punto de acuerdo votado por el Cabildo el pasado viernes, entonces, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura definió y priorizó las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal sin tener las facultades de un Coplademun. ¿Así o más torpes?
El caos del sindicato de burócratas
El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Estado de Puebla y Organismos Descentralizados se encuentra en un completo caos debido a las guerras fratricidas en su interior. El jueves pasado, por ejemplo, el grupo minoritario encabezado por Martha Rodríguez Salinas, de la planilla Movimiento por la Democracia, intentó dar un madruguete al convertir una asamblea informativa en un escenario para que fuera elegida como nueva secretaria general. Como era de esperarse, el intento fue un rotundo fracaso y ya salió a denunciar que si le falló su notaria pública que validara el acto, que si hubo amenazas, que los están espantando con el petate del muerto, entre otras lindezas. El asunto es sencillo: ninguno de los grupos en pugna puede convocar a elecciones ni pueden dar madruguetes. Así que mejor que se pongan a trabajar y lleguen a un acuerdo, porque así como lo pintan y actúan parece que les interesa más cobrar el incremento salarial anualizado a realmente fortalecer a su agrupación.
