El gobernador Miguel Barbosa Huerta se pronunció en contra de la desaparición de las corridas de toros, ya que cancelarla sería llevar a la extinción la raza de toros de lidia, consideró, sin embargo pidió abrir al debate la propuesta de la diputada local del PAN, Guadalupe Leal Rodríguez.

El mandatario inclusive recordó que cuando se les prohibió a los circos tener animales en sus espectáculos, los animales terminaron abandonados y en malas condiciones de salud y de alimentación.

Por ello dijo que prohibir las corridas de toros, como busca la legisladora panista, sería condenar a la desaparición de una antigua raza especializada para la fiesta brava, además de afectar la actividad económica en torno a crianza de los toros de lidia.

No obstante, Miguel Barbosa propuso iniciar un debate de ideas en torno a este polémico tema, aunque dijo que la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual invalidó el miércoles 17 de junio el decreto de Nayarit que declaraba las corridas de toros y las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial.

“No destinemos a la extinción a esa gran raza mediante la extinción de la fiesta brava, se le está homenajeando (al toro). Las visiones de que afecta el medio ambiente y el cuidado de los animales, hay que debatir ese asunto”, dijo en su conferencia matutina.

También pidió que se no se afecte la cultura de la mexicanidad con esta propuesta y que tampoco se impongan penas, pues las sanciones penales deber servir para castigar con mayor fuerza la corrupción de gobiernos anteriores, enfatizó.

La iniciativa que presentó Guadalupe Leal este jueves en el Congreso local, busca prohibir las corridas de toros y peleas de gallos por considerarlos una forma de maltrato animal. La panista propuso sancionar con uno a cuatro años de cárcel y multa de 200 a 400 UMAS (Unidades de Medida y Actualización) que se traduce en 19 mil 244 pesos a 38 mil 488 pesos.

La propuesta de Leal Rodríguez da en medio de un clima de tensión entre el gremio taurino y los juzgados en la capital del país, luego de la clausura de la monumental Plaza México ordenada por un juez federal.