La secretaria de Movilidad y Transporte en la entidad, Elsa María Bracamonte González, se enfrenta una serie de desatinos producto de su dilatada curva de aprendizaje, así como a su inoperancia política y jurídica. Primero fue su comparecencia en el Congreso del estado de la salió con más pena que gloria. Luego su demora para limpiar a la dependencia de la nefasta herencia que le dejó el hoy preso Guillermo Aréchiga Santamaría. Después, se le hizo bolas el engrudo con la mano firme para acelerar la modernización del transporte y obligar a los concesionarios a adquirir los equipos de seguridad de la unidades. Posteriormente vino algo peor: pateó la mesa de negociaciones con los diputados locales y por sus faldas publicó el Reglamento de la Ley del Transporte sin las modificaciones que pactó. Y, para colmo, no hay explicación de por qué no ha ejercido su autoridad para apoyar a las víctimas del chofer de la ruta 45-A que conducía en estado de ebriedad y causó un accidente en el que hubo nueve lesionados, entre ellos un bebé de 2 años de edad que se encuentra en estado grave. ¿Qué necesita la funcionaria para hacer su trabajo correctamente, aplicar la ley y actuar en consecuencia? ¿Cuál fue su objetivo al incumplir con los acuerdos con los diputados locales? ¿Acaso no midió el costo político de su acción? ¿Qué intereses oscuros hay detrás de la inacción? La calidad del servicio del sistema de transporte público es una de las demandas más sentidas de la población, atenderla es clave para la gobernabilidad. El transporte es una de variables fundamentales para medir el tipo de ciudad y estado que tiene la población. El retraso inicial en la modernización es entendible tras conocerse el nido de corrupción que se forjó con el exsecretario general de la Sección 51 del SNTE, pero ahora no existen justificaciones válidas para se haya implementado con celeridad. ¿Será que la secretaria se olvidó que una de sus obligaciones es aligerar la carga para el titular del Poder Ejecutivo estatal?
Otro que poco ayuda y cómo estorba
El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anda muy gallito con el tema de los parquímetros, al grado de advertir que no habrá más plazo para la socialización del programa, lo que significa que a partir del 1 julio comenzará la cascada de multas contra los ciudadanos. Esto se suma a la obscena campaña de la Dirección de Vialidad municipal que inundó de sanciones y multas a los conductores. Diario Cambio reveló que el 15 de octubre de 2021, cuando inició la gestión panista, “se realizaba una multa cada 16 minutos, en noviembre se redujo el tiempo a una infracción cada 4.4 minutos, pero en marzo de 2022 se sancionó a un poblano cada dos minutos”. ¿Díganos si no es una obscenidad? Ah, pero eso sí, el munícipe anda como Magdalena llorando por todos lados quejándose por la falta de recursos. En esa cantaleta se montó desde un inicio, lo cual demuestra una incapacidad para implementar una política de austeridad en el Ayuntamiento de Puebla. Y así como el alcalde anda en plan de verdugo contra los ciudadanos en cuestiones viales, también destaca su inacción y falta de responsabilidad para coadyuvar en las tareas de auxilio en el sector. La agrupación Corresponsabilidad en el Transporte, reveló que de acuerdo con el artículo 12 del nuevo Reglamento del Transporte del Estado, Vialidad Municipal está obligada a auxiliar a las dependencias estatales ligadas al sector en la supervisión, revisión e inspección para lograr “mayor seguridad, rapidez, eficiencia, regularidad y demás condiciones operativas”. Así pues, ¿no sería más conveniente que la gestión de Eduardo Rivera apoye más en la contención de los graves problemas del transporte público, en lugar de ser un aparato persecutor de los conductores privados?
