Doña María Teresa Viniegra Luna ya podrá estar tranquila luego de siete años de haber sido víctima de una red muy aceitada de jueces que se mueven en Puebla con una impunidad infame.
Luego de que en este espacio se publicara la historia de terror que vivió doña María Teresa —quien anda en la tercera edad ya sin la posibilidad de trabajar—, el gobernador Miguel Barbosa Huerta tomó el caso por los cuernos y advirtió que existen visos de que se ha cometido una infamia en contra de la señora, quien lleva siete años luchando por recuperar legalmente un predio en Huejotzingo que fue vendido por manos mañosas a través de documentos falsificados y la complicidad de un notario tlaxcalteca, un registrador público y dos jueces.
“Vamos a acompañar a doña María Teresa”, dijo en su rueda de prensa de este lunes tras adelantar que ya instruyó al consejero jurídico Carlos Palafox Galeana para extenderle una invitación y escuchar personalmente el calvario por el que ella ha tenido que atravesar desde 2015.
Dos jueces son los protagonistas de esta trama de terror.
Y los dos son poblanos: Roberto Antonio Mendoza Salmorán y Amada María Teresa Márquez Bermúdez.
El caminito descrito por el gobernador es impecable:
Se hacen una con algún notario de Tlaxcala, falsifican firmas, poderes —lo que haya que falsificar—, y meten todo a una procesadora que les genera mucho, muchísimo, dinero.
Siempre hay víctimas, pero no todas invierten siete años de su vida como doña María Teresa.
Algunos ceden al horror de la burocracia judicial y terminan por dejar los casos.
Pocas como ella —ya sin ahorros, con escasas fuerzas físicas, con avanzada edad—, buscan llegar hasta el final.
El anuncio del gobernador en el sentido de que la acompañará a partir de ahora es agua fría en el desierto.
¿Qué ocurrirá con los jueces?
Ya lo sabemos: se agazaparán.
Es su estilo.
Es su naturaleza.
Por personajes como ellos la justicia en México sigue siendo un expediente plagado de irregularidades.
Por cierto: el padre de uno de los jueces —Roberto Antonio Mendoza Salmorán— es un magistrado retirado: Alfredo Mendoza.
En su momento gozó de un poder brutal.
¿No le enseñó a su hijo las buenas artes de ser juez?
Y si lo hizo, ¿dónde estuvo la falla?
Fue Mendoza Salmorán quien como juez primero de lo Civil en Huejotzingo admitió la demanda de doña María Teresa en el sentido de que había sido usurpada.
Después, sin ningún derecho, hizo caducar la demanda.
El resto lo armó la juez Márquez Bermúdez.
Vaya herencias las que dejó el magistrado retirado Alfredo Mendoza.
Y es que además de su hijo, está Sandra Lucía Perea Iturriaga, quien en su calidad de juez ha sido protagonista de varios escándalos mediáticos.
Qué bonita familia.
Los jueces desobligados y el Consejo. Hay que decir que el Consejo de la Judicatura local, presidido por Héctor Sánchez Sánchez, quien encabeza el Tribunal Superior de Justicia, es el primero en castigar las irregularidades de los jueces.
Son varios los personajes que han sido sancionados.
No es tarea fácil, pero persevera en el asunto.
De hecho, el Tribunal cuenta con varias certificaciones sobre temas como anticorrupción, por ejemplo.
La siguiente aduana de estos dos jueces será, en consecuencia, el Consejo de la Judicatura local.
Y vaya que hay carnita.
