Desde hace algún tiempo, el presidente López Obrador y el gobernador Barbosa han realizado severas críticas a la labor de algunos jueces que tienen como objetivo torcer la ley.
En este dilecto acto —en realidad es aberrante— suelen ir acompañados de notarios, secretarios de Juzgado, registradores públicos y demás fauna nociva que han generado durante años.
El caso que hoy narraré es una prueba brutal de cómo algunos jueces tuercen la ley en aras de algún beneficio que nada tiene que ver con la jurisprudencia o el decoro, o el debido proceso.
Doña María Teresa Viniegra Luna trabajó toda su vida.
Y con los ahorros generados, adquirió un terreno de más de 10 mil metros cuadrados —conocido como Llano Grande—, ubicado en San José Zacatepec, municipio de Huejotzingo.
En marzo de 2015, doña María Teresa inició un litigio contra Antonio Díaz Jiménez, Martín Xicotencatl Martínez y Francisco Javier Fuentes, quienes, mediante la falsificación de un poder, realizaron operaciones de compra-venta del citado terreno de más de 10 mil metros cuadrados.
Hay que decir que doña María Teresa —quien ya no puede seguir trabajando debido a su avanzada edad— ha intentado durante los últimos siete años recuperar por la vía legal el predio que fue vendido con documentos falsos, pero se ha enfrentado a un sistema judicial viciado sin lograr que se le haga justicia a su caso.
Desde el inicio del litigo ha sido víctima de omisiones y maniobras jurídicas con las que se ha intentado evitar el desarrollo del juicio e incluso cancelarlo.
En esta trama legal están involucrados los jueces Roberto Antonio Mendoza Salmorán y Amada María Teresa Márquez Bermúdez.
Esta última actualmente es juez primero de lo civil del distrito judicial de Huejotzingo.
La juez Márquez Bermúdez dictó hace unos meses una sentencia en contra de doña María Teresa en la que argumenta que no podían probar que la firma de ésta fue falsificada debido a que no existe en los registros de las notarías dicho instrumento jurídico, pese a que con ese supuesto documento un fedatario público avaló la venta ilegal del terreno.
Esta acción —por parte de la juez Márquez Bermúdez— representa un delito que atenta absolutamente contra la procuración y administración de la justicia.
Por esta razón, los abogados defensores y la víctima determinaron presentar una denuncia penal contra la juez y ya documentaron las conductas delictivas en las que incurre al dictar una sentencia de dichas características.
Dicha denuncia será interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para que la juez sea investigada y juzgada por violar el Código Penal del estado de Puebla.
En esta historia, por cierto, hay un personaje que hace cuadrar la confabulación: el ya citado juez Roberto Antonio Mendoza Salmorán, hijo del magistrado jubilado Mario Mendoza.
Él fue quien como juez primero de lo Civil en Huejotzingo admitió la demanda de doña María Teresa.
Después, sin ningún derecho, la hizo caducar.
Su mano ha estado presente en esta trama.
Es —al decir de fuentes que pidieron la gracia del anonimato— quien opera y pide favores.
Tienen razón el presidente López Obrador y el gobernador Barbosa: la Cuarta Transformación no puede navegar del todo con jueces que insistan en violentar una y otra vez el Estado de Derecho.
