Miguel Barbosa Huerta desmoronó con una sola frase la carrera política de Gerardo Islas Maldonado, dirigente nacional del extinto partido Fuerza por México: “Por donde pasa deja rastros de corrupción”. Y el gobernador no se equivocó.
El pupilo de Mónica Arriola Gordillo, hija de la otrora cacique del SNTE, y unos de los más
prominentes morenogalistas enfrenta dos investigaciones: una en curso por negarse a devolver 34 millones de pesos gastados sin autorización; y una pendiente por la malversación de recursos en su paso como titular de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal (Sedeso) de aproximadamente 17 millones de pesos.
El exdiputado local fue emplazado por el Instituto Nacional Electoral (INE) desde el pasado
29 de octubre, cuando determinaron que el instituto político fue declarado extinto por no alcanzar el 3 por ciento de la votación en la elección de diputados federales.
De acuerdo con el proyecto del INE del proceso de liquidación, el interventor del partido manifestó que hasta el 30 de septiembre Fuerza por México utilizó recursos sin su autorización, a pesar que ya había perdido su registro y el dinero estaba sujeto a vigilancia y autorización.
La revista Forbes informó que el secretario de Administración y Recursos Financieros del instituto político, Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, realizó durante los meses de agosto y
septiembre 140 pagos por concepto de “proveedores” por un total de 33 millones 920 mil 104 pesos sin contar con autorización para ello.
El INE solicitó al interventor realizar una revisión exhaustiva de los estados financieros de los dirigentes Islas Maldonado, Alma Lucía Arzaruz Alonso y Gutiérrez Mondragón, además
de emplazarlos a reintegrar los recursos.
Asimismo, el periódico Reforma dio cuenta de la búsqueda del órgano electoral federal
para entregar a Islas Maldonado la notificación para solicitar el reintegro de los recursos
ejercidos de forma ilegal y, en caso de no hacerlo, procederán penalmente en su contra en un plazo de cinco días, aunque no lo han localizado al igual de los exsecretarios Arzaruz Alonso y Gutiérrez Mondragón.
No obstante, el Consejo General indicó que los dos implicados en la devolución del recurso
podrían demostrar evidencia en donde hayan iniciado acciones penales en contra del responsable de la erogación irregular del gasto para evitar un procedimiento penal.
Pero no es la única investigación que acarrea el líder del extinto partido político. Desde el
2019 el gobierno de Puebla lo tiene en la mira por malversación de recursos erogados en el
programa de reconstrucción de casas dañadas durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Islas Maldonado fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), por presuntamente haber condicionado los programas de viviendas en la elección del 2018, comicios en los que buscó la diputación local por el distrito 22 con cabecera en Izúcar de Matamoros.
Asimismo, el gobernador Barbosa Huerta reveló en 2020 que durante 2017 el gobierno de Antonio Gali Fayad cobró un seguro contra daños naturales, de los que obtuvo 200 millones
de pesos; sin embargo, una parte fue destinada para la reconstrucción de viviendas dañadas en la Mixteca poblana, mientras que el resto se desconoce su paradero.
Por esa razón, el mandatario de Puebla señaló durante su rueda de prensa mañanera que las observaciones que hizo el INE al extinto partido Fuerza Por México son un “comportamiento reiterado” en el historial de Islas Maldonado.
“Siempre le pasa ¿no?, era imposible pensar que no lo hiciera como presidente de este partido nacional que fue un fracaso”, apuntó el gobernador del estado, al mismo tiempo de señalar que este escándalo que enfrenta el exfuncionario estatal se debe a una serie de operaciones irregularidades que hizo una vez que conoció de la desaparición de su partido político con empresas fantasmas y facturas falsas.
