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lunes, julio 14, 2025

Jueza frena redadas tras denuncias por abuso en California

Las redadas migratorias en zonas agrícolas del sur de California están mostrando un patrón de creciente violencia, según denunciaron este viernes líderes sindicales. El más reciente operativo, realizado el jueves en una plantación legal de cannabis, dejó más de 300 detenidos, heridos de gravedad y al menos una persona muerta. El fallecido fue un trabajador mexicano que cayó del techo de un invernadero mientras intentaba esconderse.

“Fue una redada extremadamente violenta”, denunció Teresa Romero, presidenta de la Unión de Campesinos (UFW), en referencia al operativo llevado a cabo en dos instalaciones de Glass House Farms, en las afueras de Los Ángeles. Agentes federales, armados y con equipo táctico, lanzaron gas pimienta y utilizaron helicópteros, generando pánico entre los jornaleros y familiares que acudieron al lugar.

Durante el operativo, las camionetas del ICE salieron del sitio bajo una lluvia de piedras lanzadas por manifestantes. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), uno de ellos habría disparado un arma de fuego contra los agentes. No se reportaron heridos por parte de las autoridades.

En respuesta a los hechos, el presidente Donald Trump publicó en Truth Social que ha dado “autorización total” a los agentes para protegerse, e instruyó al DHS a permitir el uso de “cualquier medio necesario” contra quienes ataquen a oficiales.

Romero alertó que este tipo de confrontaciones son provocadas por las propias redadas, e hizo un llamado a la comunidad migrante a mantener protestas pacíficas. “Si respondemos con violencia, ellos tendrán una excusa para reprimirnos aún más”, advirtió.

Desde principios de junio, California se ha convertido en el epicentro de una intensificación de las políticas migratorias de Trump, marcadas por operativos masivos y denuncias de detenciones arbitrarias. Varias organizaciones han reportado que personas son detenidas únicamente por su color de piel o por hablar español, sin identificación de los agentes ni órdenes de arresto.

“Mucha gente dice que los están deportando. Para mí los están secuestrando”, declaró Romero.

Este viernes, una jueza federal ordenó suspender las redadas migratorias en siete condados de California, incluida la ciudad de Los Ángeles. El fallo exige que las autoridades migratorias justifiquen cada arresto con una sospecha razonable y prohíbe el uso de criterios raciales o lingüísticos como única base para detener a una persona.

El dictamen llegó tras una demanda que denuncia detenciones violentas y violaciones constitucionales. El DHS, por su parte, continúa defendiendo sus operativos y asegura que sus agentes actuaron en respuesta a agresiones armadas.

Uno de los episodios más graves fue la muerte de un trabajador mexicano, identificado como Jaime Alanís, quien cayó desde el techo de un invernadero en el condado de Ventura mientras trataba de huir del ICE. Su familia, a través de la plataforma GoFundMe, confirmó el fallecimiento este sábado. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que su consulado en Oxnard está brindando apoyo legal y ayudará en la repatriación de los restos.

En Estados Unidos, más de un millón de trabajadores agrícolas sostienen la producción del campo, y al menos el 40 % de ellos no cuenta con documentos migratorios. La UFW insiste en que estos trabajadores pagan impuestos, son profesionales y esenciales para la economía.

Romero recordó que el Congreso ha ignorado por años la propuesta conocida como la “tarjeta azul”, una iniciativa que permitiría a trabajadores agrícolas indocumentados obtener estatus legal. La ley ha sido presentada tres veces bajo la administración de Trump, sin avances.

Mientras tanto, crece el temor, la tensión y el enojo en las comunidades agrícolas de California, donde los trabajadores no solo enfrentan la incertidumbre migratoria, sino también el riesgo físico de operativos cada vez más violentos.

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