Al final de la década de los 70 se redujeron drásticamente los márgenes de acción para un estilo de gobernar acostumbrado a impedir la disidencia y la oposición. La clandestinidad de algunos grupos cedió su lugar a protestas de grupos mayores en impacto, mejor organizados y más difíciles en sus pronunciamientos. Alguien sugirió dejar el garrote y pasar a la cooptación.
Era cierto, el modelo político exigía remoción urgente, pero también el económico planteaba riesgos de mayor adversidad para un gobierno y un partido hegemónico que sabía, desde entonces, tener sus días contados.
El 68 también pasaba sus primeras facturas reales en la conciencia colectiva.
No me es fácil reconocer que la historia es recurrente o circular, pero tengo la impresión de que estos tiempos de la 4T son similares, o se impulsa, se leen con muchas similitudes a esos días de agonía que no quiso reconocer Luis Echeverria y que obligaron a López Portillo a reformas para impedir una democracia disolvente.
La Reforma Política de 1977 introdujo la representación proporcional en la Cámara de Diputados federales para ampliar y mejorar la representación política. La verdad fue para alargar el tiempo de estancia del PRI en el poder público. Se inició una especie de sociedad de partidos que peleaban, al margen de la decisión directa de la ciudadanía, mayores espacios en la Cámara de Diputados. En la vox pópuli pasamos a la partidocracia.
El origen, el comportamiento y los resultados de los representantes populares plurinominales no ha sido, a mi juicio, aportación significativa al desarrollo de la democracia nacional. Al contrario, abrió una asociación perniciosa entre el poder, los partidos políticos y sus dirigentes, principales beneficiarios de estas reformas. Cuarenta y cinco años de diferentes modificaciones plantean innovar el ecosistema político de nuestros días para salir de eso que un innombrable bautizó como “política ficción”.
Hay que eliminar tres realidades fácilmente entendibles que cargamos los ciudadanos: a) el elevadísimo costo financiero de los partidos y los procesos electorales, b) el significativamente riesgoso costo político de una inservible representación y c) el alto costo social de las dos.
Miles de millones de los impuestos pagados por los trabajadores van a financiar a los partidos políticos que han dejado de ser representantes eficientes para el desarrollo político nacional, y la necesidad de hacer más baratas las elecciones frente al nivel de pobreza real en el que vive casi la mitad de mexicanos exigen decisiones trascendentes.
Necesitamos ir a una democracia real y autosostenible que solo ha sido argumento del discurso y pasar al respeto real al voto directo de los electores.
Pero, si los partidos han perdido la confianza como interlocutores, tampoco podemos premiarlos con la votación directa a sus plataformas electorales, aun cuando pudieran ser buenas intenciones.
En la política antigua se elegía, se escogía entre ideas y propuestas. Ahora, en un franco mercado electoral, donde se compra y vende el voto porque los partidos políticos tienen poca representación real, lo que debe importar son las personas, que finalmente operan el sistema democrático.
Votar por los partidos o coaliciones y relegar el análisis, la confrontación y el compromiso de los candidatos con los electores no sería un avance importante. En mi humilde opinión, los pluris deben desaparecer, pero no los candidatos de elección directa, uno en cada uno de los 300 distritos electorales.
Qué pena pensar en ello porque hemos abandonado la lucha de ideas y hemos pasado a las decisiones de mercado.
