La jueza federal Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, dejó sin efecto la suspensión definitiva que impedía la detención del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Esta decisión permite a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar la orden de aprehensión en su contra.
La revocación se debió al incumplimiento por parte de Aureoles de las medidas de aseguramiento impuestas el 14 de mayo de 2025. Específicamente, no pagó la garantía económica de un millón de pesos ni se presentó personalmente ante la jueza responsable de la causa penal 118/2025, condiciones necesarias para mantener la suspensión vigente.
Aureoles enfrenta acusaciones por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, relacionadas con un presunto desvío de 3,412 millones de pesos durante su gestión (2015-2021). Estos fondos estaban destinados a la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil en municipios como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Aunque la suspensión definitiva ha sido anulada, Aureoles ha presentado un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, solicitando una prórroga para cumplir con las medidas impuestas. Sin embargo, mientras no se resuelva esta impugnación, la FGR está facultada para proceder con su detención.
Este caso ha generado controversia, ya que la FGR había acusado previamente a la jueza Vargas Alarcón de otorgar una “escandalosa protección” a Aureoles al aplazar su comparecencia por tres meses.
