Las anunciadas modificaciones a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, para regular el uso de las motocicletas en Puebla, aparte de ser necesarias, es importante que estas reformas sean multifactoriales y no solo de momento. Esta nueva ley deberá ser muy cuidadosa, discutida y que sume todas las aportaciones, si no nadie la respetará y su aplicación se convertirá en un mero trámite burocrático.
Según la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Laura Artemisa García, será presentada al pleno de los diputados, para ser trabajada y aprobada lo más pronto posible. Por supuesto que debe ser analizada en las comisiones correspondientes, para luego ser debatida y votada.
Me detengo, para decir, que esto no solo debe implicar que todos los poseedores de motocicletas deban ponerle placas y tener su tarjeta de circulación. Así no debe terminar este asunto tan complejo sobre este medio de transporte que hoy circula por todas las calles. Es importante que también aborden y garanticen la movilidad urbana de los ciudadanos y el crecimiento desordenado del parque vehicular.
Tarde o temprano, tenían que poner orden a este asunto del crecimiento y uso de las motocicletas, que han rebasado a las autoridades y que muchas son usadas para delinquir y cometer todo tipo de asaltos.
Desconozco si estas reformas también contemplarían la compra y venta, porque es obvio que los propietarios de estas máquinas deberán contar con facturas en mano y, por supuesto, que deberá existir un registro de ellas. Actualmente es visto cómo las diferentes tiendas que las venden han incrementado sus ventas y hasta en abonos las pagan. Porque, aparte de servir como un medio de transporte barato y rápido, ahora las usan para trabajar en las diferentes plataformas que ofrecen toda clase de servicios a domicilio.
Lo mismo se observa en las colonias populares o zonas habitacionales, en donde las mujeres las utilizan para ir por sus hijos a las escuelas u otros menesteres.
Ante el desbordamiento por su uso y otros medios como los patines eléctricos, las calles de la ciudad son insuficientes por la gran cantidad que circula a todas horas y por todos lados. Los índices de accidentes y personas que pierden la vida han aumentado, así como los problemas viales que se generan en tiempos pico y de gran afluencia vehicular.
Por su parte, las autoridades municipales deben contemplar su crecimiento urbano, que es muy desordenado, y el mejoramiento de vialidades y señalética.
Según la nueva Ley de Movilidad, tendrá medidas como:
Obligar a los usuarios a utilizar chaleco con por lo menos el 30 por ciento de su composición de material reflejante. Tener una calcomanía en la parte frontal y trasera con el número de placas legibles.
En el casco (mismo que también su uso es obligatorio) deberán portar la misma calcomanía con el número de las placas.
El número de pasajeros de cada motocicleta quedará establecido en la tarjeta de circulación de las unidades y no podrán superarse o se harán acreedores a sanciones.
También se regularán los scooters y bicicletas eléctricas, pues, a pesar de que puedan alcanzar velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora, no tendrán la facultad de circular por vialidades primarias, a menos de que estas cuenten con la infraestructura necesaria para hacerlo.
Ahora bien, los peatones también tienen derechos y las autoridades deben garantizar su seguridad y su movilidad por banquetas y calles.
Al igual que se deben impulsar políticas públicas para reducir el uso vehicular y mejorar cuanto antes el transporte público, para evitar la gran contaminación existente y hacer de las ciudades los mejores espacios para la comunidad.
Finalmente, si se quiere que la nueva ley funcione, su hechura deberá ser bien hecha, para que todos la respeten, si no, de nada servirá.
Un comentario al margen: Sin lugar a duda, esta semana que terminará será una de las más complejas y críticas para el actual régimen de la 4T. Los hechos de violencia ocurridos en contra de dos funcionarios públicos en la CDMX han puesto a la vista de la opinión pública la fuerte y peligrosa presión de la delincuencia organizada.
Y el Estado mexicano tiene la obligación de actuar en consecuencia para garantizar su vida institucional y la seguridad de los mexicanos.
