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jueves, abril 25, 2024

Violaciones de derechos sexuales, tortura y violencia… el calvario de reclusas en Puebla

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Extorsiones sexuales, métodos anticonceptivos forzados, privación de alimentación digna y falta de trabajos honrosos son parte de las violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Puebla. 

De acuerdo con el “Informe Sobre la Situación de las Personas Privadas de su Libertad en México”, publicado en 2020 en los centros penitenciarios de Puebla y de distintas entidades del país, las mujeres se enfrentan a una rutina de abusos, corrupción, violencia y condiciones carcelarias inhumanas a sus derechos en alimentación, vivienda, trabajo, salud física y mental, educación, trabajo, derechos sexuales y reproductivos, violencia y tortura. 

El documento elaborado por Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) y el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría SJ” de la Universidad Iberoamericana Puebla, expone situaciones específicas de reclusorios de la entidad poblana. 

El estudio destaca que en los penales no contemplan servicios ginecológicos permanentes, atención sobre salud sexual y reproductiva, acceso continuo a métodos anticonceptivos, medicina gineco-obstétrica, planificación familiar, detección de enfermedades sexuales, ni capacitación e información para el ejercicio de su sexualidad. 

En los Ceresos de Puebla los médicos ofrecen “información equivocada” a las reclusas para someterlas a métodos permanentes de anticoncepción y esterilización forzada, y en diversos casos se ven sometidas a estos métodos para no tener que renunciar a su derecho a la visita conyugal. 

“En el Estado de Puebla, por ejemplo, algunas mujeres en reclusión penal son sometidas a tratamientos de anticoncepción forzada, sin valorar si el método es adecuado y compatible con su cuerpo, sin brindarles información acerca del método, y sobre todo sin importar si dan o no su consentimiento”, relata el estudio. 

Asimismo, las mujeres embarazadas sufren de violaciones a sus derechos al no tener acceso a revisiones constantes durante su embarazo, además de que se encuentran en mayor vulnerabilidad y riesgo para su salud. 

Sin embargo, las conductas que más preocupación les genera a las mujeres privadas de su libertad es la violencia y tortura, pues denunciaron que el acoso u hostigamiento ha ocurrido mientras laboran por parte de las mismas personas privadas de libertad y en algunos casos de las autoridades. 

En estos casos, el mayor hostigamiento cometido es el exigir favores sexuales a cambio de derechos humanos como los de trabajo, alimentación, educación entre otros. 

“Se ha detectado que derechos como salud, trabajo, educación y alimentación son condicionados a cambio de favores sexuales. En centros de reclusión penal en los Estados de Guanajuato, Puebla, Guerrero y Querétaro algunas mujeres señalaron haber sido presionadas para realizar actos sexuales a cambio de dinero”, describe el documento. 

Las violencias sexuales más comunes sufridas por las mujeres en prisión son tocamientos, favores sexuales, hostigamiento, acoso sexual y violencia verbal, aunque también se han descrito delitos como los de trata en su modalidad de explotación sexual, la prostitución y la tortura. 

 

No obstante, el personal de custodia también incurre en este tipo de vejaciones, siendo de las principales las revisiones exhaustivas e intimidatorias durante los traslados fuera del área femenil para realizar diversas actividades. 

“Estas revisiones generalmente consisten en desnudar a las mujeres y obligarlas a realizar sentadillas para evitar que transporten droga en la zona vaginal o anal, sometimiento a medidas de seguridad intimidantes y molestas como las esposas, insultos y golpes”, detalla. 

Asimismo, algunas mujeres refirieron haber sido torturadas mediante golpes, uso de bolsas de plástico para impedirles respirar, toques eléctricos en los senos, violencia psicológica como amenazas y violación. 

También hay casos en los que narran que una vez que las detienen, “las llevan a dar de vueltas” para no llevarlas directamente ante una autoridad, sino que son retenidas por determinado periodo de tiempo durante el cual sufren daños físicos y psicológicos. 

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