Leonardo N. y Cuauhtémoc N., exempleados del departamento de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fueron vinculados a proceso por el delito de uso indebido de uniformes, luego de que habrían defraudado a empresarios del municipio de San Bernardino Chalchihuapan, haciéndose pasar por elementos de Protección Civil.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó lo que Hipócrita Lector había dado a conocer en sus planas: dos sujetos utilizaron uniformes de Protección Civil para exigir la cantidad de 10 mil pesos a un empresario a cambio de no clausurar una fábrica de muebles, luego de una inspección en la que presuntamente no cumplían con todas las medidas de prevención.
Al utilizar uniformes y acreditaciones falsas para cometer este fraude, posteriormente fueron capturados por policías municipales de Santa Clara Ocoyucan y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
“Con los datos de prueba expuestos por la Fiscalía de Puebla, la Jueza de Control resolvió vincularlos a proceso por el delito de uso indebido de uniformes y les impuso las medidas cautelares de firma periódica y la prohibición de acercarse a la víctima y a los testigos. Por otra parte, se continuará con las investigaciones por la probable comisión del delito de extorsión”, precisó la Fiscalía en un boletín de prensa.
De acuerdo con la carpeta de investigación 1101/2022, los dos trabajadores de Bomberos también podrían enfrentar procesos por los delitos de extorsión, así como usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de uniformes y condecoraciones.
En caso de que se les sean imputados los delitos, ambos sujetos podrían ser acreedores de 2 a 10 años de prisión y una multa de 100 a mil Unidades de Medida (UMAS).
LOS HECHOS
El abogado de la víctima, quien prefirió el anonimato junto a su cliente por miedo a represalias, detalló que los uniformados exigían la cantidad de 16 mil pesos a cambio de darles una prórroga para subsanar todas las deficiencias en una bodega, en un plazo de cinco días, de otro modo serían acreedores a una clausura permanente o a una sanción económica de hasta 200 mil pesos.
Como el propietario de la bodega no contaba con el monto solicitado, acordó con los delincuentes entregar la cantidad de 10 mil pesos a cambio de obtener la prórroga de cinco días para arreglar las medidas de Protección Civil del negocio.
Sin embargo, cuando les fue solicitado el recibo de pago a los falsos elementos de Protección Civil, estos aceptaron entregarlo, pero con la condición de que fueran llevados a la carretera federal Atlixco-Puebla para entregarles ahí el cheque.
Fue entonces que el dueño de la bodega llamó a un chofer para que los llevara, el problema fue que al llegar a la carretera, el conductor se detuvo, los delincuentes descendieron del vehículo y se dieron a la fuga, metiéndose en una tienda para esconderse.
Con lo que no contaban es que una patrulla del municipio de Santa Clara Ocoyucan los detendría minutos más tarde y al revisar sus pertenencias, encontrarían credenciales falsas del gobierno del estado, de Protección Civil y el monto de 10 mil pesos que previamente se les había sido entregado.
A decir de la defensa de la víctima, sospechan que podría tratarse de una mafia en la región, toda vez que, según empresarios de la zona de Santa Isabel Cholula, recientemente también se han presentado casos de personas que se hacen pasar por personal de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para cobrar cuotas a los negocios, tal como ocurrió hace unas semanas en una farmacia.
