La Asamblea Nacional sancionó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una norma que permitirá la liberación de cientos de personas detenidas o que cumplen condena por hechos de violencia política registrados en los últimos 25 años.

Tras la aprobación parlamentaria, la presidenta encargada Delcy Rodríguez promulgó la ley dos horas después y solicitó a la comisión especial de seguimiento prevista en el texto, así como al Ejecutivo nacional, revisar los casos que no hayan sido contemplados para emitir recomendaciones que amplíen el alcance del beneficio.

El proyecto fue discutido durante varias semanas entre sectores vinculados al gobierno y a la oposición. La primera discusión se realizó el 5 de febrero y la segunda comenzó el día 12 del mismo mes, aunque en esa sesión solo se avalaron seis de los 17 artículos debido a diferencias sobre los mecanismos de puesta a derecho de los beneficiarios.

Aunque el oficialismo contaba con mayoría suficiente para aprobar la iniciativa, insistió en lograr el mayor consenso posible antes de su sanción definitiva. Finalmente, el texto fue respaldado de manera unánime en el pleno legislativo.

Uno de los puntos centrales del debate fue la situación de personas con procesos judiciales pendientes que se encuentran fuera del país. El acuerdo establece que podrán designar un representante ante el tribunal correspondiente para presentar la solicitud de amnistía y, a partir de ese momento, contarán con la garantía de no ser detenidos al comparecer ante la autoridad judicial.

La ley contempla procedimientos específicos para aplicar el beneficio a quienes estén procesados por los supuestos establecidos en el instrumento legal. Entre los hechos considerados se encuentran el golpe de Estado de abril de 2002 y los disturbios registrados en 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.