Por los delitos de ataques a las vías de comunicación, motín, delitos contra servidores públicos, privación ilegal de la libertad y provocación de un delito, el gobierno del estado denunció a servidores de la Secretaría del Bienestar federal, derivado de los conflictos sociales provocados en municipios del interior del estado, bajo la excusa de la negativa de pagar el Derecho al Alumbrado Público (DAP).
De acuerdo con las dos denuncias interpuestas por el gobierno de Puebla, se identificaron a 13 trabajadores de la delegación en Puebla de la Secretaría de Bienestar involucradas en la incitación a la violencia y protestas en los municipios de Coxcatlán, San José Chapulco, Ajalpan, Vicente Guerrero y Zinacatepec, donde se han registrado actos de violencia y toma de las instalaciones de las presidencias municipales.
Aunado a esto, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta informó que las autoridades investigan a la legisladora federal por Morena del distrito de Ajalpan, Inés Parra Juárez, por incitar a los pobladores del municipio de Ajalpan para secuestrar al hijo del presidente municipal, Sergio Sandoval Paniagua, como medida de presión para que acceda a derogar de la Ley de Ingresos el cobro del DAP.
De acuerdo con las carpetas de investigación FGCD/CDI/ FIA/ARCOALTEPEXI-2/ 000568/2022 y FGCD/CDI/ FIA/ARCOALTEPEXI-/ 000567/22 se identificaron a 13 siervos de la Nación orquestando las protestas en los municipios.
En los actos ocurridos en Zinacatepec, donde enfrentaron a elementos de la Policía Estatal, se identificó a Jorge Cortés González, coordinador municipal de los servidores de la Nación de la Secretaria de Bienestar; Sarahí Aguilar Granados, encargada de Apoyo en la Oficina Municipal de Secretaría de Bienestar; Guadalupe Hernández Ventura, Laura Cecilia Hernández Ventura y Martín Domínguez Apolinar.
Mientras que en Ajalpan se identificó a Lorena Vargas Cabrera, encargada de las Becas del Bienestar; y Ana María Castro Hernández, como participantes detrás de las protestas.
En Chapulco se localizó a Juan Carlos Vázquez Betanzos como responsable; mientras que en Coxcatlán se identificó a Liliana Tlaquis Lechuga, responsable del Banco del Bienestar en el municipio; Viridiana Sánchez Armas, encargada de Oficinas de Bienestar; Lucía León López, trabajadora en el Centro Integrador de Bienestar municipal; y Teresa Rodríguez Castillo, trabajadora en Guardería de Bienestar en el área de Calidad.
Asimismo, la FGE identificó en el municipio de Vicente Guerrero a Angélica Díaz Hernández, trabajadora en la Secretaria de Bienestar al mando del delegado en el distrito 04. Ella fue candidata por Morena en el 2018 a la alcaldía del municipio, además de ser activista del grupo liderado por Edgar Garmendia, diputado opositor al gobernador Barbosa Huerta.
Por otra parte, de acuerdo con videos y transmisiones de las protestas realizadas en el municipio por pobladores, se observa a la diputada federal proponiendo el secuestro del hijo del alcalde de Ajalpan para hacer que acepten sus peticiones.
“Tomen la presidencia (municipal), agarren a uno de sus hijos y así va a aceptar”, se escucha en una transmisión afuera del Ayuntamiento de Ajalpan.
Al respecto, Barbosa Huerta señaló en su conferencia mañanera del pasado 14 de enero que primero se investigará la autenticidad de los videos en donde aparece la diputada federal y en caso de que se compruebe se procederá con las denuncias pertinentes.
“Yo le pediría a todos los poblanos, con cargo o sin cargo, pero sobre todo a quienes desempeñan una función pública, a que su conducta se ajuste a la ley, porque aún cuando tengan cargo, tengan fuero, si su conducta no está ajustada a la ley serán acreedores a sanciones porque son sujetos de responsabilidad, y todos los hechos que han ocurrido a este asunto de andar azuzando en municipios se van a presentar las denuncias correspondientes, contra personas con cargo o sin cargo, y todo se va a investigar”, aseguró Barbosa Huerta.
En días pasados, el gobernador del estado señaló que será el Congreso de Puebla el que determine la ruta legal que siga tras la determinación de los municipios de retirar el cobro del DAP de sus leyes de ingresos para este año.
En este sentido, en sesión ordinaria del Pleno, la Mesa Directiva del Congreso local dio cuenta de cursos de los ayuntamientos de Coxcatlán y San José Chapulco informando que sus respectivos cabildos derogaron el cobro del DAP, pese a las protestas en los demás municipios.
