Por segunda vez en lo que va de la legislatura, la coordinadora de los diputados de Morena y presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, se deslindó de una de las iniciativas de sus compañeros y los conminó a tener responsabilidad en las propuestas de reforma que hacen.

Desde la tribuna del pleno, García Chávez rechazó la propuesta del legislador morenista Roberto Zataráin Leal de castigar a los docentes que no intervengan en casos de acoso escolar, luego de que el proyecto causó la ira de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por la criminalización del magisterio.

Apenas el pasado lunes la líder de la bancada de Morena también se desmarcó de la propuesta de Andrés Villegas Mendoza, quien propuso una ley de “derechos de los periodistas”, que abría la puerta al blindaje de la vida privada de políticos y fue tachada por el gremio como una “ley mordaza”.

García Chávez en su lugar a Zataraín y dijo que no apoyará ninguna iniciativa que desprecie la labor docente, pues ella fue secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Puebla Independiente (Setepi).

“Estamos con ustedes, desde este momento, expreoo que no soy partidaria ni estoy a favor de ninguna iniciativa ni propuesta que eche por tierra tan noble en labor necesitamos reivindicar la labor del docente recuperar la autoridad en las aulas por el beneficio de toda nuestra sociedad así como también de cada uno de los padres de familia”, dijo en su discurso.

El desorden en el trabajo de algunos diputados quedó expuesto con el mensaje de la líder del Congreso, pues al concluir su discurso García Chávez pidió públicamente a sus compañeros diputados que sean responsables en sus propuestas.

La iniciativa de Zataráin que enfureció al magisterio

En días pasados, el legislador de Morena por Puebla capital propuso reformar el Código Penal del Estado para establecer penas de uno a dos años de cárcel para aquellos profesores, directivos o autoridades que “causen, permitan o alienten violencia física o psicológica” contra estudiantes.

La pena contra los docentes aumentaría si el bullying deriva en el suicidio o muerte de la víctima, por lo que la pena aumentaría hasta cinco años de prisión.

El paquete de iniciativas también señala en la Ley de Seguridad Integral Escolar del Estado que los docentes pueden ser suspendidos, destituidos o inhabilitados si son “omisos” ante denuncias de acoso escolar.