Al subrayar una inacción del Ayuntamiento de Puebla, que encabeza Eduardo Rivera Pérez, por los hechos en Salón Country de San Manuel, el gobernador Miguel Barbosa Huerta adelantó que se analizará una posible reforma a la Ley Orgánica Municipal y al Código Reglamentario para el Municipio (Coremun), para establecer responsabilidades contra las autoridades municipales por permitir fiestas que pongan en riesgo la integridad de menores de edad.
El pasado viernes, un grupo de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, en su mayoría estudiantes de dos preparatorias de la BUAP, resultó intoxicado por haber ingerido alcohol presuntamente adulterado, lo que fue difundido en redes sociales.
De los hechos se deslindó la autoridad municipal, pues a decir del presidente municipal, Eduardo Rivera, hasta el momento solo ha habido especulaciones sobre lo ocurrido, ya que ningún padre de familia ha interpuesto denuncias penales.
El gobernador Barbosa consideró que este tipo de fiestas deben regularse como lo establece el Coremun, pues de acuerdo con un análisis publicado en Hipócrita Lector, la autoridad municipal habría incurrido en violaciones a los capítulos 12 y 14 al no haber requerido toda la información relacionada con el evento.
“Los hechos que ocurrieron el día viernes, son hechos que muestran un tema que está generado a partir de la inacción de las autoridades municipales; eso es, todo esto ocurrido y debió haber sido regulado como lo establece el Coremun”, señaló Miguel Barbosa
Reiteró que a la autoridad municipal le corresponde aplicar el reglamento municipal y no anteponer evasivas como lo hizo el director de Normatividad y Regulación Comercial, Enrique Guevara Montiel, quien justificó una falta de acción contra el lugar al señalar que se trató de una fiesta privada.
Guevara Montiel se deslindó de Halloween que organizó la empresa Cabritos Social Group, para el cual se vendieron boletos, ya que sostuvo que se trató de una fiesta privada, a pesar de que la organización estuvo a la vista de todos vía redes sociales.
El funcionario municipal únicamente obtuvo la versión del propietario del establecimiento sobre lo ocurrido en la fiesta de “Halloween 2022” y no requirió los permisos que otorgó el ayuntamiento.
De acuerdo con el análisis del periodista Ignacio Juárez, la autoridad municipal incurrió en violaciones a la reglamentación municipal, lo cual podría derivar en sanciones por omisiones y daño patrimonial.
Al recibir una ganancia por permitir el acceso a la fiesta, se convirtió en un espectáculo temporal, tal y como lo establece el Capítulo 12, artículo 475 del Coremun. “Por diversión o espectáculo público debe entenderse, toda función de esparcimiento sea teatral, circense, deportiva o de cualquier otra naturaleza semejante, excepto cines, que se verifique en salones, teatros, estadios, carpas, calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando el importe del boleto de entrada o de cualquier otro derecho de admisión”, según cita la columna Off The Record, escrita por Juárez Galindo.
Guevara Montiel, quien es uno de los militantes panistas más cercanos a Eduardo Rivera, omitió verificar si el responsable de organizar la fiesta cumplió con las 30 condiciones que le obliga el artículo 489 del Coremun, con lo cual se habría conocido si el responsable infringió el articulo 490, fracción VI, que prohíbe “vender bebidas alcohólicas y/o cigarros a menores de edad, así como permitirles su consumo”, según refiere el periodista.
Por ello, el mandatario propuso revisar la normatividad municipal de tal manera que se permita a la ciudadanía poder disfrutar de este tipo de reuniones, pero que también vincule a la autoridad municipal con su cumplimiento estricto de las leyes, para evitar poner en riesgo a sectores vulnerables como los menores de edad.
“Y que no digan que era una fiesta privada, que no llegó nadie a ningún hospital, que son especulaciones, no puede ser eso. Va a haber un muerto y no nos va a gustar nadie”, expresó Barbosa Huerta.
El titular del Ejecutivo dijo que los padres están en su derecho a denunciar los hechos; sin embargo, señaló que comprende que no quieran hacerlo para evitar que sus hijos se presenten ante una autoridad judicial y que rindan sus declaraciones.
También aprovechó para hacer un llamado a los padres de familia para que hablen con sus hijos sobre las conductas de riesgo que llegan a tomar en fiestas o actos públicos, pues no siempre la culpa es de la autoridad.
