La diputada local del PAN Mónica Rodríguez Della Vecchia exhibió públicamente su lucha a favor de la familia Jenkins de Landa –que junto con sus abogados desfalcaron a la Fundación Mary Street Jenkins por la cantidad de 720 millones de dólares– al presentar un exhorto para que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia del Estado de Puebla entregue la administración de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) al patronato conformado por el clan familiar que encabeza Margarita Jenkins de Landa.
La legisladora panista pidió al órgano descentralizado de la administración estatal que, mientras continúa el litigio entre la familia Jenkins, se entregue la administración del campus de la universidad a quienes la tenían antes de la toma de éste el 29 de junio del año pasado.
“Hoy vengo a poner a consideración de ustedes para que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla ponga el cuidado del fuero de los jóvenes estudiantes por encima del cuidado de las instituciones, que mientras los tribunales resuelven el fondo del asunto y determina cuál de las partes tienen razón devuelva las instalaciones de la Udlap y el gobierno de la universidad a las fundaciones que la administraban antes de la toma”, aseguró la legisladora.
Rodríguez Della Vecchia aseguró que su llamado no busca que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada desistan en su actuar para resarcir el daño patrimonial a la fundación, pero que solamente lo hagan en tribunales sin afectar la vida de la universidad.
La diputada del PAN se dijo atacada por referirse al caso de la Udlap debido a que los diputados le recuerdan su omisión en el caso de Chalchihuapan, en el que falleció un menor de edad por un impacto de bala de goma disparado por la policía estatal.
También recriminó que le recuerden los antecedentes del caso de la Fundación de las Américas Puebla y el desfalco de 720 millones de dólares por parte de la familia Jenkins de Landa.
“Hoy Puebla nos llama a la generosidad y a la altura de miras, dejemos atrás las descalificaciones y pensemos en estos jóvenes, pensemos en sus familias, pensemos en su futuro”, dijo la diputada.
No obstante, la legisladora blanquiazul fue una de las principales incitadoras de las protestas de los estudiantes de la Udlap de la semana pasada al asegurar que el campus seguía cerrado y tomado por el gobierno estatal.
El pasado 1 de febrero acudió a las inmediaciones de la universidad con integrantes de la bancada para acusar que el campus estaba en poder de la policía estatal, a pesar de que no era cierto y solamente se encontraba seguridad privada en el lugar.
Ese mismo día, el Poder Judicial del estado emitió un exhorto para reabrir el plantel y retomar las clases presenciales, sin embargo, este ha sido rechazado por la rectora Cecilia Anaya.
