El gobierno que encabezó Rafael Moreno Valle es el único responsable de la sanción que impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 2 mil 600 millones de pesos, así como por haber contratado a un despacho patito que cobró 300 millones de pesos por no hacer nada, fustigó el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del estado, Jorge Estefan Chidiac.
Bajo esta lógica, explicó el priista, los morenovallistas provocaron un boquete financiero a las arcas estatales de 2 mil 900 millones de pesos, de los cuales 300 millones fueron facturados por Sistemas LAC que debió gestionar 700 millones de pesos por compensaciones del Impuesto sobre la Renta de los años 2009 y 2010.
Estefac Chidac abundó que en realidad el gobierno de esa época retuvo el dinero y cuando el SAT requirió el monto, justificó que formaba parte de los estímulos fiscales que ofrecía la Federación por la retención del ISR a sus trabajadores.
En otras palabras, el despacho contratado no hizo nada más que facturar.
“No entiendo para qué contrataron un despacho, porque ese despacho no hizo nada, solo facturó y facturó más de la mitad de lo que supuestamente se compensó, entonces, es ridículo haber hecho ese contrato y es muy lamentable y la responsabilidad total proviene de quienes tomaron esa decisión”, expuso.
SOLUCIÓN A LA VISTA
Pese a esta situación, el exsecretario de Finanzas en el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido reveló que existe una posibilidad de que la administración estatal logre recuperar el 75 por ciento del crédito fiscal que impuso el fisco y, en buena medida, eso se debe a la decisión del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina de asumir el pago inmediato de la sanción.
Incluso destacó la actuación del gobernador por acatar la decisión del SAT y no buscar una resolución “marrullera” para evadir el pago.
Indicó que por dicha decisión el gobierno del estado puede solicitar por el mecanismo de Pronto Pago con el que cuenta el SAT la devolución de hasta el 75 por ciento de la multa pagada, a pesar de las multas y recargos que contaba por el litigio que arrastraron las gestiones estatales anteriores.
“El SAT a los contribuyentes que aceptan pagar les puede devolver el 75 por ciento de lo pagado, entonces estoy seguro de que él tomará las medidas para disminuir este quebranto (…) normalmente, si pagas de golpe sin convenio podrían pedir un convenio a plazos, pero si lo pagas de golpe tienes derecho a solicitar una recomendación que te disminuye el costo fiscal.
“Yo estoy seguro de que él tiene la capacidad con su equipo y con el consejero Jurídico del gobernador para poder encontrar los elementos con la Subsecretaría de ingresos de Finanzas, para disminuirlo, sin embargo, el costo fiscal sería 25 por ciento, más los 300 y tantos millones que se pagaron a un despacho patito por no hacer nada”, detalló el diputado local.
LA DEFENSA
Estefan Chidiac indicó que durante su paso por la Secretaría de Finanzas su equipo jurídico logró dictaminar el saldo a favor que la administración estatal tenía de años posteriores, por lo que es incongruente que con Moreno Valle se haya contratado a un despacho y se la pagarán 300 millones de pesos.
Puntualizó que en ese plazo de siete meses se detectó que el gobierno estatal no podía pagar lo que le correspondía tras este fraude porque no se encontraba resuelto el litigo que inició la gestión de José Antonio Gali Fayad contra el SAT.
“Al haber un litigio, incurre en responsabilidad un servidor público que pague algo que aún no está firme. Ese crédito fiscal (que impuso el SAT) no estaba firme. Nuestros abogados encontraron argumentos que sirvieron que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por una amplia mayoría de su Sala Superior, nos diera la razón de fondo y eliminara completamente ese fondo”, comentó Estefan Chidiac.
Sin embargo, el SAT recurrió a un Tribunal Colegiado del Poder Judicial federal tras perder el litigio ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que hiciera una revisión. Al final, los magistrados le ordenaron a esa institución emitir una nueva resolución sancionadora en contra del estado de Puebla.
El diputado local del PRI consideró que la pérdida de la defensa jurídica ante el Poder Judicial federal no se le puede responsabilizar a la administración de Miguel Barbosa Huerta, ya que los tiempos han cambiado y muchas disputas se resuelven por decreto.
