Una historia de omisiones y actos de corrupción por parte del Sistema de Justicia Penal y de abusos de un hombre que ha utilizado a su hijo para ejercer presión y violencia en su contra, es la historia que ha vivido Luz del Carmen Arredondo Díaz en los últimos años.
Luz del Carmen, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, es uno de los tantos ejemplos de mujeres que han sufrido de este tipo de violencia que no ha sido tipificada en el estado y que están a unos días de que el Congreso discuta su dictaminación en comisiones, y la suban al pleno.
Tras pasar más de 10 horas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel por incumplimiento de la convivencia entre su hijo y su padre, Luz del Carmen recuerda el largo historial que ha llevado su caso, en el que jueces y ministeriales han cometido excesos en su contra y han omitido ejercer acciones por el actuar de su expareja.
Luz del Carmen conoció a su pareja, Valentín, en la universidad y desde el comienzo de su noviazgo de seis años sufrió diferentes tipos de violencia, física, verbal y psicológica, desde negarle ver a sus amigos hasta su familia, era parte de las microviolencias que formaban su relación, pero para ella, en ese momento, su situación era normal, incluso lo veía como “bromas pesadas”.
En marzo de 2014, contrajeron matrimonio, pero tan solo siete meses después se separaron. Luz decidió poner fin a su relación porque la violencia incrementó, en especial la física, su esposo llegó a golpearla en el rostro en diversas ocasiones cuando estaba embarazada.
Por las constantes agresiones que sufrió, Luz del Carmen llegó a ser internada por un mes en el hospital, abandonada por el padre de su hijo, quien dijo que esa atención le correspondía a su mamá.
El 6 de septiembre de ese 2014 nació Lucca, el hijo de Luz, y una vez en sus brazos ella regresó a casa de su madre en octubre.
Ella se quedó con la guardia y custodia del menor porque Valentín ya salía con otras personas y no se preocupó por su hijo, por lo que en ese entonces llegaron a un acuerdo para llevar la situación en paz y mantener la convivencia de Lucca con sus padres: Valentín vería a su hijo un fin de semana cada 15 días, pero la mayor parte de los gastos correrían a cargo de Luz, pues ella ganaba más dinero.
Valentín solo le entregó mil 500 pesos cada mes, pero el acuerdo era satisfactorio para ambos; sin embargo, en mayo de 2015, Luz recibió la sentencia de divorcio, por lo que las presiones con su exesposo crecieron y más con la situación médica de su hijo, quien era alérgico a la leche y se le tuvo que cambiar la fórmula que tomaba, situación a la que él no ponía atención durante su cuidado.
En medio de una situación dolorosa en la vida de Luz por la muerte de su madre, Valentín tramitó una demanda por violencia familiar, querella que nunca le fue notificada por el actuario del Segundo Juzgado Familiar del Distrito Puebla a Luz, la cual avanzó de inmediato, ordenando medidas de restricción para que no se pudiera acercar a su hijo.
Hasta abril de 2020, Luz se enteró de los trámites legales que Valentín emprendió en su contra, así que al inicio de la pandemia del coronavirus acordó con el papá de Lucca visitas de convivencia hasta que un día su hijo ya no lo vio, rompiendo el acuerdo.
Ella interpuso una denuncia el 26 de abril de ese año contra la demanda de su expareja, la cual no fue a su favor y que fue a revisión en un Juzgado de Distrito Federal, el cual ordenó reponer todo el procedimiento hasta que ella fue notificada.
Con el proceso repuesto, la jueza ordenó solamente visitas físicas en el Centro de Convivencia Familiar y por vía virtual, aunque en seis ocasiones se ausentó el padre y no llevó a Lucca, lo que provocó un largo proceso de amparos para cumplir la orden.
Aunque la jueza pidió que cumpliera con las convivencias, Valentín retuvo a su hijo en dos ocasiones a pesar de que ella tenía la custodia del menor en ese momento, pero cuando ella no pudo cumplir con las visitas que determinó la jueza —los jueves, cuando Lucca va a la escuela —, las autoridades ministeriales no dudaron en aplicar las medidas de apremio y detenerla en el Cereso de San Miguel, a un día de no cumplir la visita.
Ella se entregó por hacer cumplir la justicia y tras 12 horas dentro salió con la certeza de que el proceso que ella emprendió no solo es contra Valentín, sino contra un Sistema de Justicia que no la protege a ella, ni a las víctimas de violencia vicaria.
INICIATIVA
En el Poder Legislativo existe un consenso para tipificar y sancionar la violencia vicaria en el estado, a través de la iniciativa presentada por la diputada Mónica Silva Ruiz.
Se busca tipificar este tipo de violencia en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado y establecer sus sanciones respectivas en el Código Penal de Puebla.
Se considera como violencia en el ámbito familiar la violencia vicaria, entendida como todo acto u omisión intencional con el objeto de causar daño a una persona integrante de la familia o que habita el mismo domicilio, a través de la agresión, descuido y/o manipulación de otro integrante de la familia que se encuentra bajo patria potestad, tutela y/o, guarda y custodia, o que mantienen una relación de dependencia con la víctima principal.
En esta modalidad de violencia existen dos o más víctimas, de las que al menos una de ellas es utilizada como el objeto para lastimar a otra.
