La Secretaría de Movilidad y Transporte en Puebla anunció un ambicioso programa de reordenamiento y modernización del transporte público en la entidad, el cual contempla una serie de medidas para actualizar el parque vehicular, ofrecer incentivos a los concesionarios y mejorar la regulación del sector. 

De acuerdo con Silvia Tanús, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, uno de los pilares de este programa es la asignación de 250 millones de pesos en financiamiento a través de Nacional Financiera (Nafin) para la renovación de unidades.

Los concesionarios beneficiados deberán aportar el 20 por ciento del enganche para acceder a estos créditos respaldados por el Gobierno del estado. Además, se otorgarán apoyos a fondo perdido para la adquisición de unidades eléctricas, con una cobertura del 20 por ciento del costo total. 

Como parte de la estrategia para ordenar y modernizar el transporte público, la SMT programó el inicio de la revisión vehicular a partir del 15 de abril, a fin de actualizar la información del parque vehicular, un proceso que no se realizaba desde hace 12 años, lo que ha generado un rezago en la regulación y planeación del sistema de transporte. 

De manera paralela, se implementará un proceso de reemplacamiento obligatorio para todas las unidades del transporte público, con el objetivo de regularizar su situación y garantizar la seguridad de los usuarios, procedimiento que se extenderá por un período de entre 60 y 65 días naturales. 

Dentro del plan de modernización también se considera una reforma a la Ley de Transporte, en particular al artículo 105, que permitirá ampliar la vida útil de los taxis de 7 a 10 años.

La propuesta, que ya fue entregada al Congreso local, busca beneficiar a más de 6 mil 136 concesionarios, quienes podrían perder sus registros y permisos si no se actualiza la legislación. 

Adicionalmente, el Gobierno estatal aplicará la condonación de adeudos acumulados en los últimos cinco años por control vehicular y derechos de concesión. Esto significa que los concesionarios sólo deberán cubrir el pago correspondiente al ejercicio fiscal 2025 para quedar al corriente, una acción que representará una pérdida de ingresos superior a los 184 millones de pesos para la administración estatal.