Publicado originalmente por Pablo Ferri en El País, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
El titular de la Secretaría Antidrogas de la nación sudamericana señala que México detectó movimientos financieros del presunto líder criminal en el país desde el 5 de marzo.
El caso Hernán Bermúdez sigue dando que hablar, tras su detención en Paraguay el viernes en la noche, alimentando la especulación en México sobre las consecuencias de su captura. Jefe de la policía del Estado de Tabasco entre 2018 y 2024, Bermúdez, presunto líder durante esos años de una organización criminal en la región, enfrenta ahora un proceso de extradición, que, salvo sorpresa, debería acabar con sus huesos en México, donde las autoridades locales le acusan de asociación delictiva, extorsión y secuestro exprés.
Este lunes, el titular de la secretaría antidrogas paraguaya, Jalil Rachid, ha dado algunos detalles más del camino que llevó al arresto de Bermúdez, apodado El Abuelo o Comandante H, en la zona metropolitana de Asunción, la capital. “El 5 de marzo, México identifica algunos movimientos de esta persona aquí en Paraguay y, a partir de ese momento, se comparten informaciones con la Secretaría Nacional de Inteligencia. Y ahí nosotros pudimos dar con esta persona, y frustrar cualquier actividad que él pudiera emprender en Paraguay”, ha explicado.
Rachid ha añadido que “hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal acá en Paraguay. Un sobrino de él ya había sido aprehendido aquí un par de meses antes”. Rachid ha detallado que el sobrino, Gerardo Bermúdez, fue detenido por un asunto de apuestas a finales de julio en el país. El funcionario no ha aclarado qué otros elementos les hizo sospechar sobre las posibles intenciones del Comandante H en el país sudamericano, a donde ingresó en algún momento del primer trimestre del año, de manera ilegal.
Bermúdez figura en el centro de una de las tramas de corrupción más relevantes en estos momentos en México. El exjefe policial llegó al frente de la secretaría de seguridad estatal en 2018, por decisión del entonces gobernador, Adán Augusto López, de Morena. Tres años después, López fue nombrado al frente de la Secretaría de Gobernación federal, convirtiéndose en uno de los funcionarios más poderosos del país. Bermúdez permaneció en su puesto y aprovechó su posición para consolidar la prevalencia en el Estado de su organización criminal, La Barredora.
Al principio, La Barredora y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marca criminal presente en buena parte de la geografía nacional, trabajaron juntos en la región. Delitos como tráfico de drogas, extorsión y robo de combustible o huachicol, aparecían en su hoja de servicios. Pero con el paso del tiempo, la sociedad criminal se dividió, dando origen a una ola de violencia que ha teñido de sangre al Estado. Es en ese contexto, finales de 2019 y los años siguientes, cuando el aparato de inteligencia militar empezó a dudar del Comandate H, sospechas que un par de años después eran ya certezas.
Más allá de lo obvio -el hecho de que un jefe policial aprovechara su posición para liderar actividades criminales-, el caso ha crecido por la relación entre Bermúdez y su primer jefe, Adán Augusto López, peso pesado en Morena, muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador –los dos son tabasqueños–, que incluso contendió por la candidatura del partido guinda a la presidencia el año pasado. Derrotado en la carrera a Palacio Nacional, López reconstruyó su poder en el Senado, donde dirige la bancada de la formación.
El caso supone un desafío para la dirección del partido y para el propio Gobierno, que dirige Claudia Sheinbaum. La presidenta ha pedido que se investigue a quien se tenga que investigar, marcando una línea roja contra la corrupción. El futuro del caso Bermúdez transita el área gris donde su administración podría definirse. Toda rareza en los pasos siguientes de la investigación podría entenderse como un intento deliberado de contener la acción de la justicia.
Audomaro y el huachicol
Publicado originalmente por Peniley Ramírez, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
La investigación a una red de empresarios operadores del huachicol vinculados con altos funcionarios obradoristas, amigos personales del expresidente AMLO, no se queda en el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
Esta semana, Reforma ha publicado cómo Fernando Farías y su hermano Manuel Roberto, sobrinos políticos de Ojeda, fueron vinculados por la Fiscalía federal con una red multimillonaria de huachicol. Roberto, vicealmirante, fue detenido el 2 de septiembre. Curiosamente, pude confirmar que, solo dos días después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pidió a los bancos información de sus cuentas. De su hermano Fernando, la CNBV pidió información el 5 de septiembre. Ese mismo día, la CNBV pidió datos de un tercer implicado, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de Protección Portuaria de Altamira. El 8 de septiembre, Pérez apareció muerto. Las primeras versiones dijeron que fue un suicidio.
Fernando tenía buenos contactos en la política, además de Ojeda. Confirmé en registros públicos que es propietario de Inmobiliaria Falaycava, fundada en 2024 en Sonora. Su socio es el empresario Ramón Castillo Vásquez. Esta semana, se publicó que Castillo es cercano al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y socio de uno de sus hijos en dos empresas.
Y los vínculos políticos con la cúpula del obradorismo no quedan allí. En 2023, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó que una empresa de Elisa Aguilar, hija de un oficial retirado de las Fuerzas Armadas, vendió un departamento de lujo a Luis Cresencio Sandoval, entonces titular de Sedena. Meses más tarde, MCCI encontró que Elisa había empleado a un hombre muy modesto. Como si fuera un gran empresario, este hombre obtuvo contratos con la Sedena por más de 229 millones de pesos.
Ahora, pude confirmar que Elisa tiene otros vínculos con altos funcionarios del obradorismo cuyos negocios estaban encargados de la seguridad que falló, a propósito o por negligencia, y permitió que creciera el robo multimillonario del huachicol.
Hallé en registros públicos que, desde 2014, Elisa se convirtió también en socia de Sedegral, una empresa de seguridad cuyos socios principales son la esposa y el hijo de Audomaro Martínez, exjefe de seguridad de AMLO y el hombre más fuerte de la seguridad en su gobierno federal. Durante los últimos años, distintos medios han publicado que Sedegral, junto a otras empresas de la familia de Martínez, ganó más de 500 millones de pesos en contratos con el gobierno federal. También el SAT les condonó multas multimillonarias.
En los últimos meses, desde que la Fiscalía General de la República y la Marina investigan la red de huachicol, han encontrado más de 500 empresas relacionadas con el caso de los sobrinos de Ojeda. Y en esa enorme red, una fuente de alto nivel me confirmó que las autoridades están rastreando los vínculos entre los familiares de Ojeda y Martínez. “El vínculo con Audomaro es la parte más delicada de la investigación y la más peligrosa”, me dijo esta fuente, quien tuvo acceso a detalles de la indagatoria. Esta fuente asegura que las empresas de la familia de Martínez se beneficiaron de los millones que se han movido en el país entre el crimen, el gobierno y el huachicol.
En registros de comercio encontré que, en efecto, la esposa y el hijo de Martínez han creado empresas para comercializar combustible y dar servicios de seguridad. La principal pista en las investigaciones federales parece ser el Grupo Centurión, que creció con esta familia y se ha convertido en una gran compañía, en apenas unos años. Confirmé que muchas de estas empresas se registraron después de 2018 y sus principales ganancias provienen de contratos con el gobierno. Uno de ellos, por ejemplo, era para suministrar diésel en Islas Marías.
En los últimos meses, han sido asesinadas o murieron en circunstancias sospechosas varias personas clave en este entramado. Algunos de ellos, me dijo una fuente federal, fueron “cazados” por empleados del gobierno, después de que denunciaron las irregularidades. Una fuente militar me aseguró que la investigación es un “golpe certero al centro de gravedad del poder presidencial”. En el gobierno, unos dicen que todo esto ocurre porque hay una presión permanente de EU. Dicen, también, que este caso puede darle a Claudia Sheinbaum la libertad política que tanto necesita.
