La Fiscalía General del Estado rechazó contundentemente las cifras presentadas por la Comisión de Derechos Humanos de Puebla en su reciente informe, en el que argumentaron que en 2023 se registraron mil 37 quejas contra la institución por actos violatorios de derechos humanos por parte de su personal.
Según la Fiscalía, sólo se recibieron 993 solicitudes, de las cuales 421 fueron efectivamente quejas, mientras que el resto fueron colaboraciones con el organismo para informar sobre avances en investigaciones por parte de la autoridad ministerial.
Entre las 421 quejas que fueron turnadas a la Fiscalía de Puebla para su atención por presuntas violaciones a los derechos humanos por servidores públicos de la Fiscalía, 325 ya fueron resueltas, que corresponden a 77.19 por ciento.
El fiscal especializado en Derechos Humanos, Ulises Sandal Ramos Koprivitza, informó además que, de las 572 solicitudes recibidas de colaboración con la CDH para informar sobre el inicio o avances en carpetas de investigación, 224 fueron concluidas por la FGE, que representan 40 por ciento del total.
“En el resto de los casos la fiscalía continúa brindado información y atención según corresponda con tal determinación y siempre en beneficio del ciudadano. La CDH reportó mil 37 quejas, sin embargo, no diferencia lo que establece la ley y el reglamento de dicho organismo autónomo entre quejas contra servidores públicos y solicitudes de colaboración”, expresó Sandal Ramos.
El funcionario apuntó que, entre colaboraciones y quejas, durante 2023 recibieron de la CDH un total de 993 expedientes, de los cuales la fiscalía poblana solucionó y concluyó 539 casos, que representa 54.2 por ciento del total.
Por otro lado, el titular de la Fiscalía, Gilberto Higuera Bernal, informó sobre el trabajo en la Ciudad de México durante una reunión nacional de fiscales en el país, cónclave en el que destacó que debe analizarse y dar prioridad a la figura de la prisión preventiva, a fin de que los delincuentes no se den a la fuga.
“Que no permitamos que las víctimas de delitos se pongan en riesgo por la liberación de más de 60 mil imputados, y estas cuestiones que tienen que ver con lo social son de las que tenemos que ocuparnos las y los fiscales del país”, destacó.
Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Higuera Bernal abordó también el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversia, en el que dijo, debe tener un seguimiento puntual a nivel nacional todas las fiscalías, para asegurar que los objetivos se logren.
