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viernes, abril 19, 2024

Avala Comisión de Hacienda los periodos para tres concesiones del Ayuntamiento de Puebla

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La concesión para espacios publicitarios se fijó en tres años con seis meses; para el relleno sanitario por cinco años; y para el servicio de recolección y traslado de desechos por siete años.

Con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios públicos en la capital, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal que encabeza el diputado Jorge Estefan Chidiac, aprobó los periodos para tres concesiones del Ayuntamiento de Puebla.

Por unanimidad, las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, avalaron la concesión para espacios publicitarios por un periodo de tres años con seis meses; la operación del relleno sanitario por cinco años; y para el servicio de recolección y traslado de desechos sólidos urbanos por siete años.

Tras una mesa de trabajo en la que estuvieron presentes funcionarios del Ayuntamiento de Puebla, la Comisión determinó la integración de un artículo en el dictamen, para que la administración municipal realice los trámites necesarios para perfeccionar el otorgamiento de las concesiones.

La diputada Nora Merino Escamilla destacó que previo a la aprobación de las concesiones hubo análisis, cabildeo y un estudio conjunto para garantizar las mejores condiciones en los servicios. Destacó que se garantizará la cobertura al 100 por ciento en la recolección de residuos sólidos, así como su separación para reducir la cantidad de desechos que llegan al relleno sanitario, además, se promoverá la educación ambiental.

En tanto, la diputada Aurora Sierra Rodríguez, así como los diputados Fernando Sánchez Sasia y Rafael Micalco Méndez coincidieron en que se generaron condiciones para discutir el contenido de los dictámenes, por ello se dará seguimiento a lo aprobado.

Por su parte, el diputado Eduardo Alcántara Montiel resaltó el trabajo coordinado para llegar a acuerdos respecto al periodo de las concesiones, pues se trata de garantizar la prestación de los servicios públicos y que los procesos sean en beneficio de las y los ciudadanos.

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