El contrabando de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”, ha experimentado un notable incremento en la frontera sur de México, especialmente en las zonas limítrofes con Guatemala y Belice. Este fenómeno ha sido impulsado por la expansión de redes criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informes recientes.
Autoridades mexicanas han identificado al menos 300 rutas clandestinas utilizadas para el tráfico de personas, drogas y mercancías, incluyendo combustibles, a través de la frontera sur. Estas rutas, que han triplicado su número en la última década, son aprovechadas por organizaciones criminales para el contrabando de gasolina y diésel hacia países centroamericanos.
El CJNG ha diversificado sus actividades ilícitas, estableciendo redes de robo y contrabando de combustibles desde mediados de la década de 2000. Estas operaciones incluyen el control de estaciones de servicio, extorsión a distribuidores legales y lavado de dinero mediante importaciones simuladas.
En respuesta a esta problemática, las autoridades federales mexicanas han intensificado los operativos en aduanas clave, con el respaldo de la Guardia Nacional y la participación de personal fiscal, aduanero y de Petróleos Mexicanos (Pemex). Estos esfuerzos buscan frenar la importación ilegal de hidrocarburos y desmantelar las redes de contrabando que afectan la economía y seguridad del país.
Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a miembros del CJNG y a empresas vinculadas por su participación en redes de narcotráfico y robo de combustible. Estas acciones forman parte de una estrategia binacional para combatir el huachicol fiscal y las actividades delictivas asociadas.
El contrabando de combustibles no solo representa una pérdida significativa de ingresos fiscales para México, estimada en alrededor de 35 millones de pesos diarios, sino que también pone en riesgo la seguridad energética y la integridad de las comunidades afectadas.
