Antes de dejar la gubernatura de Puebla, Mariano Piña Olaya expropió 60 mil hectáreas que incluían terrenos de San Andrés Cholula, San Bernardino Tlaxcalancingo, Santiago Momoxpan, la Trinidad Chiautenco y La Concepción, incluyendo tierras del municipio de Atlixco.
Los investigadores Julio César Ávalos Huerta y José Luis Cisneros documentaron esa trama que pasó de ser de utilidad pública a utilidad privada, en beneficio, entre otros, de los inversionistas inmobiliarios locales, quienes fueron beneficiados por la expropiación comprando amplios terrenos para su lotificación en el desarrollo de proyectos comerciales.
Un caso: el 4 de mayo de 1992, poco antes de que Manuel Bartlett ganara las elecciones, se publicó el decreto de expropiación por causa de utilidad pública de una superficie de terrenos de temporal de uso común del poblado San Bernardino Tlaxcalancingo.
El monto de la indemnización —al decir de los investigadores citados— correspondía a 4 pesos actuales 81 centavos el metro cuadrado, considerando la conversión de peso a nuevo peso que entró en vigor en México el 1 de enero de 1993, y que eliminó 3 ceros a la unidad monetaria anterior.
La pérdida del patrimonio de los campesinos —como lo ha venido diciendo en los últimos días el gobernador Alejandro Armenta— fue brutal.
Y así en todos los casos.
La Recomendación 167/1993 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es elocuente: los quejosos exigieron a las autoridades una indemnización por la indebida demolición de su vivienda valuada en seiscientos millones de pesos.
Es decir: seiscientos mil pesos actuales.
Su dinero se hizo humo.
Una vez que Bartlett asume la gubernatura, da marcha atrás al decreto expropiatorio de su antiguo amigo y cómplice, y crea el Programa de Desarrollo Regional Angelópolis.
En ese sentido, desconoce las transacciones comerciales de su antecesor, paga unas migajas a los campesinos y beneficia a los citados inversionistas inmobiliarios locales, entre ellos a los desarrolladores de lo que se conoce como Lomas de Angelópolis: Rafael y Gabriel Posada Cueto.
Cuentan que a las oficinas de Bartlett fue citado por esos días el empresario Kamel Nacif, quien estaba preocupado por los millones que había pagado a la administración anterior por miles de hectáreas.
—Le vamos a pagar de acuerdo a los recibos de pago que le hayan dado —le dijeron.
—¿Recibos? No me dieron ninguno. Todo fue en cash y entre amigos —respondió entre risas.
Así se hicieron los brutales negocios que ha venido exhibiendo el gobernador Armenta.
Quizás lo que le faltó en esta trama fue el “modito”, del que hablaba en su momento el general Lázaro Cárdenas.
Al exigirles a los Posada la entrega de dos hectáreas (para la generación de vivienda a la Policía Estatal), el “modito” fue lo que hizo falta, pero el fondo de la acción —en el que destaca el asalto a mansalva en contra de los campesinos afectados— es absolutamente legítimo.
Digamos que es una venganza poética contra lo que hicieron en esos años las autoridades estatales y los desarrolladores inmobiliarios, quienes actuaron como delincuencia organizada.
(¿Qué tanto es tantito?).
Quienes critican la forma, olvidan el fondo.
Y al hacerlo, pasan a justificar el uso de la fuerza pública para desalojar de sus tierras a los campesinos afectados, acción que arrojó un saldo de “un muerto, 20 detenidos y 30 lesionados”.
Cómo olvidar la muerte de don Sebastián García Arce, de 85 años de edad, quien falleció por los golpes que recibió a manos de la Policía Estatal, según dictamen del forense.
Sin embargo, Pedro Sandoval Cruz, jefe de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del estado, informó que don Sebastián había fallecido por tuberculosis, que se le complicó “por la cirrosis que padecía y por un ataque de cisticercosis”.
¡Qué puercos, qué marranos, qué cochinos!
