El 10 de julio de 2019, en pleno gobierno interino del jurista Guillermo Pacheco Pulido, los abogados de la Secretaría de Finanzas —a cargo de Jorge Estefan Chidiac— obtuvieron una nulidad de fondo dictada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, máximo órgano de decisión en el ámbito administrativo y fiscal.
Dicha resolución declaró la nulidad lisa y llana, en beneficio de las finanzas del gobierno del estado, y en el contexto de la trama del oneroso adeudo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) —que escaló del 2017 a 2023 a un monto de 2 mil 600 millones de pesos—, y que terminó pagando el 5 de abril el actual gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas.
Poco se ha hablado de la impecable defensa jurídica que encabezó, con su asesoría, el entonces gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido.
Lo que ha trascendido en algunas columnas está bañado de desinformación e inexactitudes.
¿Qué ocurrió para que un triunfo se convirtiera en derrota?
Vea el hipócrita lector:
Ya con Teresa Castro Corro al frente de Finanzas —en la administración que va de agosto de 2019 a diciembre de 2022—, los abogados de la dependencia, lejos de culminar el puntual litigio, realizaron una deficiente y poco pulcra defensa jurídica.
¿Resultado?
Perdieron el caso ante un tribunal colegiado.
(A esto se sumó que el Poder Judicial federal no podía dejar impunes los evidentes cochupos de la administración morenovallista, una vez que, arteramente, dicho gobierno se quedó con impuestos que no le correspondían. Para decirlo coloquialmente: se cobró a lo chino).
Hay que decir que esta trama no se trató de una devolución sino de una compensación indebida plagada de irregularidades e ilegalidades, y utilizada como pretexto para que algunos funcionarios de esa administración literalmente se robaran el dinero de las arcas del erario.
(Agregue el lector la extraña y absurda contratación millonaria de un despachito facturero y seudofiscalista —Sistemas LAC— que cobró algo así como 360 millones de pesos por un trabajo que no hizo).
Aunque el asunto había llegado muerto a los tiempos del interinato, los abogados de Finanzas, durante el ya referido periodo de Estefan Chidiac —y con la asesoría del jurista Pacheco Pulido—, hallaron los resquicios que les permitieron dejar ganado el asunto.
Tras la derrota en el tribunal administrativo, ocurrida en el pasado reciente, el gobierno actual decidió liquidar el pasado 5 de abril los 2 mil 600 millones de pesos generados a lo largo del proceso en aras de que los intereses no siguieran creciendo.
En este espacio narré días atrás que José Antonio Gali, como gobernador, era de la idea de liquidar el adeudo para evitar que los intereses moratorios se dispararan, pero se topó con la resistencia de Moreno Valle.
Esta trama nació de una “idea genial”.
Quien la tuvo, según fuentes que pidieron la gracia del anonimato, fue Gerardo Fernández, que trabajaba para Cabalán Macari —a la sazón Secretario de Administración.
Moreno Valle compró la idea dejar de pagarle al SAT una cantidad millonaria de impuestos sobre la renta.
Tiempo después, el 6 de marzo de 2015 —ya desaparecida la Secretaría de Administración y convertida otra vez en subsecretaría dependiente de Finanzas—, la entonces funcionaria Marina Castro Morales firmó un contrato con Sistemas LAC, despacho que tramitó ante el SAT la recuperación, implementación y aplicación para la obtención de estímulos fiscales de los ejercicios 2009 y 2010.
En abril de 2015, Araceli Escalante Olvera, directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, firmó otro contrato con Sistemas LAC para otorgarle, mediante una adjudicación directa, la responsabilidad de realizar el procedimiento señalado líneas atrás ante el SAT.
Este organismo generó un saldo a favor del gobierno por 702 millones de pesos, pero, ya con Gali en Casa Puebla, detectó que esto no había sido legal, una vez que estuvo sustentado en una disposición fiscal de 2008, misma a la que el gobierno poblano se adhirió hasta 2012.
El gobernador Gali entró en una encrucijada: o pagaba mil 200 millones de pesos de crédito fiscal o se lanzaba a la aventura de un litigio contra el SAT.
Moreno Valle dijo no a la opción de pagar, bajo el argumento de que ganarían el juicio.
Gali no se quedó conforme, pero dejó correr el tiempo.
Moreno Valle se opuso con toda la fuerza que le daba ser su jefe moral.
El áspero diálogo —palabras más, palabras menos— estalló en un encuentro entre ambos:
—¡Me dejaste un desmadre, Rafa! ¡Lo del SAT es imposible ganarlo!
—¡No, ni madres, sí se puede ganar!
Los gritos subieron de tono.
Al final ambos quedaron severamente disgustados.
La fractura estaba dada.
A Gali no le quedó otra que perseverar en el juicio.
Y los intereses fueron creciendo al igual que los enconos entre ambos personajes.
El final de esta historia se encuentra al inicio de esta columna, cuando el gobierno interino obtuvo una nulidad de fondo dictada por el Pleno de la Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa.
La derrota posterior, incomprensible, cerró la concha.
