La tan sonada Reforma Judicial en México es una de las iniciativas más significativas y debatidas en el actual contexto político del país. Impulsada de manera inicial por el expresidente López Obrador y con el evidente respaldo de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, promueve una transformación desde las entrañas del sistema de justicia federal y estatal.
El núcleo de esta reforma radica en que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país sean electos por la vía democrática; es decir, a través del voto popular, de la misma forma en que cada seis años elegimos por mayoría a quien ocupará la Silla Presidencial.
Lo anterior tiene un evidente contraste con el sistema actual de nombramiento de los integrantes del PJF, pues los ministros de la Suprema Corte eran designados mediante una propuesta del mandatario nacional en turno, la cual requería el aval del Senado. Para los jueces y magistrados, el proceso implicó un concurso de oposición y una posterior ratificación por parte del Consejo de la Judicatura Federal, como parte de una “carrera judicial”.
La propuesta de elección popular es pues un cambio rotundo respecto al sistema actual. Con todo y sus críticas, el modelo existente priorizó un proceso de nombramiento que obligaba al consenso entre dos poderes –el Ejecutivo y el Legislativo– y un sistema de carrera judicial que valora la experiencia y la competencia (aunque también la meritocracia). En ese sentido, la reforma desplaza estos mecanismos para dejar todo el peso al voto directo.
Los “Pros” y “Contras” de la Elección Popular
El principal argumento de la reforma es que esta medida es una vía efectiva para democratizar el Poder Judicial y, con ello, erradicar la evidente corrupción y nepotismo que existe al interior del sistema. Desde esta perspectiva, la elección directa de los juzgadores busca aumentar su legitimidad al hacerlos directamente responsables ante la ciudadanía.
En teoría, su elección ayudaría a terminar con estas prácticas ilegales, pues los jueces estarían bajo el escrutinio del voto popular; no obstante, la premisa es la misma que todo el sistema democrático por el cual elegimos a nuestros representantes del Ejecutivo (estatal y municipal), a quienes una y otra vez hemos visto ser detenidos, enjuiciados, encarcelados y hasta exonerados de sus abusos desde el poder.
Entonces, ¿realmente estaremos acercando la justicia a la gente, o nada más dando una voltereta a un supuesto sistema designado “por dedazo” pero que en realidad no garantiza la legalidad ni legitimidad de los próximos representantes judiciales? La propuesta de elección popular del PJF, si bien busca una mayor legitimidad y cercanía con la ciudadanía, enfrenta una serie de desafíos y riesgos que podrían comprometer la independencia, calidad e incluso la eficiencia del sistema de justicia en México.
Para las y los votantes entender esto es crucial, pues las decisiones judiciales afectan directamente en lo cotidiano, en la seguridad y protección que brindan las leyes, así como en el desarrollo del país. La elección popular de jueces, aunque a primera vista puede representar un triunfo para la democracia, podría tener consecuencias no deseadas que comprometen la independencia, eficacia e imparcialidad de un pilar fundamental del estado de derecho.
Bolivia, ¿un ejemplo a seguir?
Para comprender mejor las posibles consecuencias de la elección popular de jueces, consideramos útil revisar las experiencias de otros países que han implementado sistemas similares. Sin embargo, se encontró que Bolivia es el único país que ha implementado la elección popular de sus altos cargos judiciales a nivel federal, la cual inició en 2011. No obstante, la experiencia boliviana ha sido calificada por expertos y por sus propios ciudadanos como “un fracaso”. De entrada, aunque el voto es obligatorio, las elecciones judiciales en Bolivia han registrado un alto porcentaje de votos nulos o en blanco (60% en 2011 y 65.8% en 2017).
A grosso modo, los resultados en Bolivia delinean un rechazo social generalizado y la percepción de que la ciudadanía no se siente capacitada o interesada en elegir a sus jueces, lo cual –siendo brutalmente honesta– tampoco parece un argumento tan descabellado en nuestro querido México. A propósito de los memes y demás escenarios jocosos en torno a la inevitable jornada electoral judicial, veía una frase que decía: “No saben elegir pareja y quieren elegir jueces y magistrados”. Pero no nos desviemos.
Más allá de la participación, los jueces bolivianos votados han sido percibidos como “burócratas del poder”, adaptando sus decisiones para complacer al partido de gobierno que facilitó su elección, en lugar de actuar con independencia. Un ejemplo claro ocurrió cuando el Tribunal Constitucional de Bolivia, compuesto por jueces electos, permitió extender el mandato del entonces presidente Evo Morales (a pesar de la prohibición constitucional a la figura de la reelección), lo que generó una profunda inestabilidad política en el país. El resto, es historia…
¿Qué y cuántos cargos están en juego?
En total, 1 mil 688 cargos federales se someterán a votación, los cuales se dividirán en dos fases de elección: una en 2025 y otra en 2027. Por ello, detallamos cuántos y qué cargos y cuántos están en juego este 1 de junio de 2025:
Adicionalmente, en 2025 también se elegirán jueces a nivel local:
El 1 de junio se elegirá al 100% de los jueces en 19 estados del país (equivalente al 59% de los estados). En estas elecciones judiciales locales, estarán en juego un total de 1,780 cargos.
